El Consejo de Europa concluyó en su último informe, que Polonia no está previniendo y combatiendo la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que condenó la inacción de ese país al respecto.
Monica Costa Riba, directora de campañas sobre Derechos de la Mujer en Europa, declaró que este informe confirma lo que las mujeres y niñas de Polonia saben perfectamente que las “actitudes profundamente misóginas del gobierno las están poniendo en un riesgo diario de violencia y que los peligros a los que se enfrentan son cada vez mayores”.
La falta de protección adecuada a las víctimas de violencia, al unirse a unas leyes obsoletas y una cultura de impunidad y de culpar a la víctima, forman una mezcla explosiva. En lugar de abordar estos urgentes problemas mediante acciones tales como adoptar una definición de violación basada en el consentimiento, los legisladores polacos amenazan con hacer del país un lugar menos seguro para las mujeres y las niñas”, agregó.
Expuso que los intentos de algunos parlamentarios de sustituir el Convenio de Estambul por una nueva ley de ‘derechos familiares’ que restringe la igualdad de género y los derechos LGBTI deben ser rechazados y debe iniciarse un nuevo capítulo en los derechos de las mujeres.
Es hora de proteger a las supervivientes de violencia y reconocer que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación. El gobierno debe cumplir estas recomendaciones y emprender acciones enérgicas para aplicar plenamente el Convenio”, añadió Monica Costa.
El nuevo informe del Grupo de Expertos en la Lucha Contra la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), que vigila la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), instó a Polonia a reformar todos los delitos sexuales en el Código Penal para “incorporar plenamente la noción de consentimiento libre y garantizar sanciones adecuadas para todos los actos sexuales que no tengan el consentimiento de la víctima”.
El informe hace hincapié en las dificultades a las que se enfrentan en Polonia las mujeres que quieren interrumpir un embarazo consecuencia de una violación, a pesar de que la violación es un motivo legal para someterse legítimamente a un aborto en el país.
Las mujeres también se enfrentan a obstáculos de todo tipo, incluso para obtener un certificado de la fiscalía que indique la sospecha de que el embarazo es consecuencia de un acto delictivo, además de a dificultades para acceder a información y ser remitidas a servicios médicos que practiquen abortos legales.