La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido (SMA) como procedimiento para acceder a una muerte digna, en lo que supone una decisión histórica para el país latinoamericano.
Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), habían presentado el año pasado una demanda en contra del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal, que castiga con entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona que quiera quitarse la vida, aun si la intención fuera poner fin a intensos sufrimientos provenientes de una lesión corporal grave o incurable.
En su petición sostenían que penalizar el SMA vulnera el derecho a morir dignamente, a una vida digna y al libre desarrollo de la personalidad, al impedir el acceso a una ayuda médica para aquellas personas que deseen poner fin a su vida de una forma transparente, acompañada, protegida y segura.
Suicidio medicamente asistido o Eutanasia
La diferencia entre el SMA y la eutanasia es que, en el primer caso, es el mismo paciente quien decide ejecutar una acción que termine con su vida, mientras que en el segundo es un profesional de la salud quien la lleva a cabo, más allá de que la persona en cuestión haya dado el consentimiento para causar su propia muerte.
El caso de Martha Sepúlveda
Después de un largo periplo que incluyó una batalla judicial en Colombia, Martha Sepúlveda consiguió que le aplicaran la eutanasia.
La mujer colombiana, que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), murió a los 51 años en el Instituto Colombiano del Dolor, en la ciudad de Medellín.
“Martha Sepúlveda accedió a la eutanasia y murió de acuerdo con su idea de autonomía y dignidad”, dijo el Instituto Colombiano del Dolor
“Martha partió agradecida con todas las personas que la acompañaron y la apoyaron, a quienes oraron por ella y tuvieron palabras de amor y empatía durante estos meses difíciles”, agregó.