La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo histórico en el que encontró a El Salvador responsable de ejercer diversas violencias, entre ellas la obstétrica, en contra de Beatriz; este caso abre la discusión para exigir la despenalización del aborto en un país en donde está prohibido por cualquier causal.
Este viernes, el fallo de la Corte IDH obliga a El Salvador a brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer.
“El Estado (salvadoreño) es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y la salud a la protección judicial, a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud de Beatriz, así como el derecho a la integridad personal de sus familiares”, indicó el tribunal continental, con sede en San José, al notificar la sentencia.
La sentencia reconoce que el embarazo que enfrentaba Beatriz era de alto riesgo y que la atención de salud que recibió se dio en un marco de inseguridad jurídica, lo cual inhibió la actuación del personal ya que tenían temor de incurrir en responsabilidad penal, tal como explicaron las colectivas acompañantes del caso.
Tras darse a conocer la sentencia colectivas ofrecieron una conferencia de prensa en donde señalaron que “se hizo justicia para Beatriz“.
Delmy Cortez, la madre de Beatriz, dijo sentirse agradecida por este fallo, “me siento agradecida por esta lucha que fue bastante larga, pero hemos obtenido respuesta. Estoy segura de que Beatriz, desde donde esté, se siente satisfecha por la lucha que se ha hecho”, señaló.
“Esta lucha no termina acá, ésta lucha continúa”, expresó Cortez ante medios de comunicación.
Asimismo, Fernanda Díaz de León, subdirectora de incidencia de Ipas LAC, recordó que la Corte determinó que el Estado deberá generar la normativa para que el personal de salud sepa cómo proceder ante embarazos de alto riesgo, y que esta debe ser acorde con los más altos estándares de protección a la salud, a la vida e integridad de las mujeres.
“Nos parece muy importante que la Corte, como medida de no repetición, haya señalado también fortalecer las habilidades del personal de salud para que la normativa sea aplicada de manera cabal y que con esto, se dé cumplimiento al derecho a la salud y al derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en El Salvador”, expresó Díaz.
Caso emblemático y un país que todavía no despenaliza el aborto
La Corte internacional no discutió el acceso al aborto en el país centroamericano bajo el argumento de que “no le corresponde saber cuál era la mejor forma de abordar la atención debida a Beatriz desde el punto de vista médico” ni determinar cuál era el tratamiento adecuado para Beatriz.
Sólo se enfocó en señalar que había “falta de certeza jurídica” lo que llevó a judicializar el caso, pero de acuerdo a especialistas, esa falta se debe a que hay una prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
El caso de Beatriz es emblemático porque está relacionado con el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo. Ese derecho está prohibido en El Salvador, bajo cualquier modalidad con penas de cárcel que van de 2 a 8 años, pero habitualmente es interpretado por la justicia como homicidio agravado, que conlleva penas de hasta 50 años de prisión.
Para Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana, y una de las personas que acompañó a Beatriz desde el inicio del proceso, dijo que con esta sentencia se ha hecho justicia para Beatriz.
“Estamos muy satisfechas en cuanto a la justicia que se ha hecho para Beatriz”, enfatizó la activista feminista.
Asimismo, las activistas señalaron a Once Noticias Digital que ya hay un caso que también tuvo sentencia internacional, el de Manuela, sin embargo, con el de Beatriz vuelve a poner sobre la mesa los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en aquel país, por lo que todavía hay pendientes en la lucha.
Asimismo, a la pregunta expresa sobre ¿qué sigue con respecto a la lucha por el aborto en aquel país?, las activistas señalaron que continuarán en resistencia aunque resaltaron que bajo el régimen de excepción continúan las detenciones de mujeres que sufren emergencias obstétricas.
El Salvador tiene un año para cumplir con la sentencia, aunque las activistas esperan que se cumplan las medidas lo más pronto posible en favor de los derechos de las mujeres.
Antecedentes
Beatriz era originaria de la comunidad rural de Usulután, El Salvador, y creció en un hogar en situación de pobreza extrema. A los 19 años fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea.
En 2013, Beatriz se enfrentó a un segundo embarazo de alto riesgo. El diagnóstico era desolador: el feto presentaba anencefalia, es decir, que no había desarrollado cerebro, una condición incompatible con la vida fuera del vientre.
La primera vez que estuvo embarazada, fue en el año 2011, y su hijo nació de forma prematura con síndrome de distress respiratorio y enterecolitis necrotizante.
Ambos embarazos eran de alto riesgo, pero en el segundo, ella tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: solicitó la interrupción del embarazo.
Sin embargo, dado que en El Salvador la interrupción del embarazo está prohibido sin ninguna excepción, los médicos tratantes remitieron el caso al Comité Médico y a las autoridades del hospital, quienes hicieron consultas institucionales sobre el procedimiento médico recomendado.
Fue así que inició un largo camino legal para Beatriz y su familia, en donde intervino la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud y la Junta de Protección de la Niñez y la Adolescencia de San Salvador.
Beatriz tuvo que acudir a la Corte internacional para solicitar medidas cautelares. Gracias a ello accedió a la cesárea. Más tarde, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2017, un mes antes de la muerte de Beatriz, el caso fue admitido en la CIDH. Cinco años después, en enero de 2022, el caso llegó a la Corte IDH.