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Corte Suprema de Brasil despenaliza marihuana para uso personal

Corte Suprema de Brasil despenaliza marihuana para uso personal

FOTO: AP

La Corte Suprema de Brasil votó a favor de despenalizar la posesión de marihuana para consumo personal, convirtiendo al país es uno de los últimos de Latinoamérica en hacerlo.

Con la aprobación del magistrado José Antonio Dias Toffoli, este martes 25 de junio se formó una mayoría para descriminalizar también el porte y cultivo de marihuana.

De los 11 magistrados, seis votaron a favor de la despenalización, tres en contra y dos no se pronunciaron.

Aún falta que los jueces determinen la cantidad máxima de marihuana que se definiría para uso personal y cuándo entrará en vigor el fallo, lo cual podría quedar definido mañana miércoles.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El magistrado Dias Toffoli se pronunció porque el usuario sea tratado con políticas de salud pública, no “criminalizado”.

“Mi voto es muy claro en el sentido de que ningún usuario, de ninguna droga, puede ser criminalizado, ningún usuario, de ninguna droga, puede ser criminalizado”, reiteró el magistrado.

Los jueces que votaron a favor dijeron que la despenalización debe restringirse a la posesión de marihuana en cantidades adecuadas para uso personal. Dejaron en claro que la despenalización no equivale a una legalización, ya que esta última es una medida que debe ser dictaminada por el Congreso.

El fallo de la Corte Suprema ha sido buscado durante mucho tiempo por activistas y juristas en un país donde la población carcelaria se ha convertido en la tercera más grande del mundo, en gran medida, por personas arrestadas por posesión de marihuana.

Apenas en abril pasado, el Senado aprobó una enmienda constitucional que tipifica como delito la posesión de cualquier cantidad de sustancia ilícita. El comité constitucional de la cámara baja aprobó la propuesta el 12 de junio y tendrá que pasar por al menos otro comité antes de pasar a votación en el pleno.

Si los legisladores aprueban una medida de este tipo, la legislación tendría prioridad sobre el fallo del tribunal superior, pero aún podría ser impugnada por motivos constitucionales.

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