La Corte Suprema de Estados Unidos decidió que examinará si impide que siga adelante una demanda contra los fabricantes de armas, a los que el Gobierno mexicano acusa de facilitar el flujo hacia los cárteles de la droga.
México libra una guerra judicial contra fabricantes de armas estadounidenses desde 2021. Ese año demandó a Smit&Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett y al vendedor y distribuidor Interstate Arms, por considerar que su comercio “negligente e ilícito” alienta el narcotráfico y la violencia en el país.
En ese sentido, las autoridades mexicanas reclamaron un pago de 10 mil millones de dólares (alrededor de 200 mil millones de pesos mexicanos) a los fabricantes de armas, por lo que Smith&Wesson e Interstate Arms solicitaron un amparo a la Corte Suprema para intentar que se desestime la demanda interpuesta por México.
Más tarde, un juez federal desestimó el caso en 2022, alegando que las reclamaciones de México tropezaban con las salvaguardias que protegen legalmente a los fabricantes de armas de fuego estadounidenses por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
Esta ley, aprobada por el Congreso en 2005, exime a los fabricantes de armas de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.
La Corte Suprema de EEUU decidió hoy analizar el fallo del Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos que sostuvo que las demandas contra la industria de armas podían proceder en el caso Estados Unidos Mexicanos v. Smith & Wesson et. al.
— Amb. Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) October 4, 2024
El litigio tiene como…
El tráfico de armas estadounidenses a México
No obstante, según el Gobierno mexicano, entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas por esas empresas llegan anualmente a su territorio de contrabando procedentes de Estados Unidos y que entre 70% y 90% de las armas encontradas en escenas de crímenes proceden de dicho país, pues en su territorio es muy difícil comprarlas legalmente.
En suma, el país latinoamericano advirtió que ha registrados más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil personas desaparecidas, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde 2006.
Ante esta situación, la Corte Suprema estadounidense examinará este caso durante su mandato, que comienza el próximo 7 de octubre, y tomará una decisión antes del próximo verano boreal.