La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes las ofertas de un distrito escolar público en Virginia y la Universidad de Toledo, en Ohio, para evitar demandas por acoso sexual presentadas por estudiantes, en virtud de una ley que prohíbe la discriminación sexual en las escuelas que reciben educación federal.
Los jueces en ambos casos se negaron a escuchar las apelaciones de los fallos de los tribunales inferiores que permitieron que prosiguieran las demandas.
La junta escolar en el condado de Fairfax de Virginia, un suburbio de Washington, y la Universidad de Toledo buscaron reducir las circunstancias bajo las cuales las escuelas deben enfrentar demandas presentadas bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.
El caso de Fairfax de Virginia
En el caso del condado de Fairfax, una estudiante de secundaria que fue agredida sexualmente por un estudiante masculino en un viaje de la banda patrocinado por la escuela en 2017 demandó a la junta escolar.
El caso planteó la cuestión de si las escuelas pueden ser consideradas responsables por la mala conducta de un estudiante contra otro cuando no se enteran de la conducta hasta después de que cesa. El tema ha dividido a los tribunales de apelaciones estadounidenses.
Por ello, la Corte Suprema había pedido a la administración del presidente estadounidense, Joe Biden, que interviniera en la apelación de la junta escolar.
En septiembre pasado, el Departamento de Justicia les dijo a los jueces que las escuelas deberían rendir cuentas por su respuesta al acoso sexual por parte de los estudiantes del que se enteran después de que sucede, e instó a los jueces a negar la apelación.
Asimismo, un jurado determinó que la junta escolar no tenía conocimiento real de la agresión sexual y que no podía ser considerada responsable.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, Virginia, revivió el caso el año pasado y dijo que los miembros del jurado deberían haber considerado si la respuesta de la escuela al asalto no fue razonable y dejó al demandante vulnerable a futuros acosos.
Situación en la Universidad de Toledo
Por su parte, la Universidad de Toledo, en su apelación, buscó aclarar cuándo las escuelas son legalmente responsables por el acoso de los estudiantes por parte de los maestros bajo el Título IX.
En 2018, Una exalumna de pregrado acusó a la universidad de no investigar adecuadamente su denuncia sobre insinuaciones sexuales realizadas por un profesor de comunicaciones.
Ante esto, un juez federal decidió que la universidad no era responsable porque el presunto acoso cesó antes de ser notificado.
Pero la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito con sede en Cincinnati, Ohio, revivió la demanda en marzo pasado y dijo que la universidad aún podría ser responsable bajo el Título IX por su “indiferencia deliberada” a la denuncia de la mujer.