Un tribunal de apelaciones en Perú ratificó el viernes los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción impuestos al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
El exmandatario de 53 años deberá seguir tras la rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros”, señaló el Poder Judicial en la red social Twitter.
El 10 de marzo en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El expresidente había anunciado entonces que apelaría la decisión judicial.
Por el caso de corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.
Crisis política
Tras su fracasada maniobra el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.
Castillo, un izquierdista y líder sindical magisterial, niega los cargos de corrupción y sostiene que está “secuestrado injustamente”.
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Perú anuncia retiro definitivo de su embajador en Colombia
El gobierno peruano anunció el “retiro definitivo” de su embajador ante Colombia, al acusar al presidente Gustavo Petro de injerencia en los asuntos internos de Perú, un mes después de una decisión similar con México.
La medida “responde a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro, quien persiste en distorsionar la realidad al desconocer que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo”, dijo la cancillería en un comunicado.
Según la cancillería, la actitud de Petro y “sus continuas expresiones injerencistas han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia”.
Con el anuncio, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedan formalmente a nivel de encargado de negocios, añadió.
El Perú hace votos para que la estrecha y bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los Estados”, señaló.
Primero de México y ahora de Colombia
Perú se distanció primero de México y ahora de Colombia alegando intromisión en asuntos internos.
Dicha intromisión ha tenido un sesgo ideológico, resaltó el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, el pasado 9 de marzo en Lima tras ser condecorado por el gobierno.
Como es sabido, algunos gobiernos de la región movidos por ideologías o intereses políticos, han intervenido de manera indecorosa en los asuntos peruanos arrastrando a los vecinos, poniendo en duda la legitimidad de su Gobierno”, dijo entonces Vargas Llosa en tácita alusión a López Obrador y a Petro.
López Obrador y Petro se han convertido en los más conspicuos críticos de Boluarte, cuya legitimidad democrática cuestionan a raíz de la destitución por el Congreso de Castillo el 7 de diciembre de 2022 tras su fallido golpe de Estado.
El ascenso al poder de Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, desencadenó una oleada de protestas con el saldo de más de 50 muertos y unos 600 heridos.
Los partidarios del expresidente exigen la renuncia del gobierno, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones a 2023.