El pasado 17 de noviembre el Congreso del Perú negó el permiso al presidente de izquierda Pedro Castillo para asistir del 24 al 26 de noviembre a la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizaría en Ciudad de México.
El permiso fue denegado por 58 votos frente a 51 a favor y 2 abstenciones en la sesión del parlamento.
Según la legislación peruana, el presidente necesita autorización del Congreso cada vez que vaya a viajar al extranjero.
No es la primera vez que el Congreso, dominado por la oposición de derecha, le impide viajar a Castillo en misión oficial.
En octubre Castillo no pudo realizar visitas de trabajo a Bruselas, al Vaticano y a los Organismos Internacionales con sede en Roma.
En agosto, tampoco pudo asistir a la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, por la negativa del Congreso.
Castillo, que asumió en julio de 2021, ha sobrevivido a dos intentos de destitución del Congreso y acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
Las imputaciones de supuesta corrupción al más alto nivel de gobierno no son nuevas en el país andino, pues situaciones similares condujeron a la caída del presidente derechista Pedro Pablo Kuczynski en 2018, y del centrista Martín Vizcarra en 2020.
Como Castillo, ambos exmandatarios tuvieron recurrentes choques con el Congreso, que era controlado por sus adversarios.
Pedro Castillo reta al Congreso peruano dominado por la derecha
Castillo aseguró ayer viernes 2 de diciembre que completará su período constitucional de gestión, que culmina en 2026, en respuesta a la decisión del Congreso de debatir su destitución del cargo la próxima semana.
Frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026″, dijo en un acto transmitido por la televisión estatal.
Grupo de OEA recomienda tregua política y diálogo para salida a crisis
El grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomienda “una tregua política” en Perú mientras se busca “encauzar un diálogo formal” para alcanzar una salida a la crisis política, en un informe preliminar dado a conocer este jueves.
Perú atraviesa una grave crisis debido al enfrentamiento entre el Parlamento, controlado por la derecha, y el gobierno izquierdista de Pedro Castillo, a quien la fiscalía investiga por presunta corrupción.
Este grupo, que visitó Perú del 20 al 23 de noviembre, desgranó sus recomendaciones durante un Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la OEA, en Washington, horas antes de que el Parlamento peruano debata una moción de destitución de Castillo por su supuesta “incapacidad moral” para ejercer el cargo.
Durante su estancia en el país el grupo mantuvo 29 reuniones y constató que “cada poder del Estado responsabiliza a los demás de provocar la falta de gobernabilidad”, afirmó su portavoz Eladio Loizaga.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, César Landa, dijo que el poder ejecutivo “ha tomado debida nota”, tiene una “predisposición positiva” y confía en que el resto de las instituciones hagan lo propio “por el bien de nuestro país”.
Estas recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente para votar una resolución sobre una “tregua de cien días”, afirmó por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, “consciente de que es el comienzo de un trabajo”.
¿Cuáles son las recomendaciones del grupo de alto nivel de la OEA?
Encauzar el diálogo
El GAN recomienda que se realice una convocatoria a una instancia de diálogo formal entre presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos, y miembros de la sociedad civil, libre de condicionamientos. El diálogo puede ser asistido por un tercero (para facilitar o acompañar), y podría ser apoyado por las instancias pertinentes de organizaciones internacionales, si así lo estimaran oportuno.
- El ejecutivo debe promover el diálogo democrático para pactar las reglas de juego para consensuar una agenda de gobierno.
- El diálogo debe ser incluyente, orientarse al bienestar de la población, vinculante y respetuoso de todos, que garantice la credibilidad y confianza.
Tregua política
- El GAN recomienda iniciar una tregua política en tanto se conforma y convoca al diálogo, y se logra un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad. Se requiere el compromiso de los actores políticos para ambientar un clima de tranquilidad para avanzar el diálogo y la conducción de los procesos judiciales, que deben seguir su curso con los plazos de ley.
Justicia constitucional
- Las instituciones peruanas contemplan un sistema judicial que incluye el Tribunal Constitucional, los cuales se sujetan a la Constitución, que prevé los respectivos procedimientos jurídicos. En este sentido se recomienda tener esto presente ante la imposibilidad de desarrollar acuerdos.
Racismo y discriminación
- Es esencial asegurar el pleno respeto a los Derechos Humanos y, en el marco del diálogo nacional, abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a todas y todos los ciudadanos, sin discriminación, conforme las obligaciones internacionales del Estado Peruano respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2, establece que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
- El Estado peruano, además, firmó en 2016 la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, el mismo aún no ha sido ratificado y depositado y el cual se debe de velar por su efectivo cumplimiento.
Derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación.
- Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, el respeto a las libertades fundamentales es un elemento esencial de la democracia representativa. El GAN hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial, y de respeto hacia todos los actores. La falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y/ o periodistas no constituye una justificación para alimentar discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental para la democracia, como el de la libertad de expresión.
Procesos de destitución contra expresidentes
Desde 2017, el Congreso ha presentado siete procesos de destitución dos contra Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y 2018; otras dos contra Martín Vizcarra, en 2020; y estas tres últimas contra Pedro Castillo. Los dos primeros no corrieron la misma suerte que el actual jefe de Estado.
El mandatario izquierdista, que asumió en julio de 2021, enfrentará el miércoles 7 de diciembre un tercer proceso de destitución por parte del Congreso, dominado por la derecha.
Castillo, un maestro rural de 53 años y líder sindical del magisterio, dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de que no dispone la oposición.
No pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos”, afirmó Castillo, y dijo “confiar” en que “los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad”.
Proceso de destitución contra Pedro Castillo
El primer proceso de destitución fue presentado por la congresista Patricia Chirinos, quien era la tercera vicepresidenta del Parlamento.
La propuesta se evaluó el 8 de diciembre de 2021, pero no fue admitida a debate: solo alcanzó 46 votos a favor, 4 abstenciones y 76 en contra.
El segundo proceso de destitución contra Pedro Castillo fue presentado por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País en marzo de 2022 con 49 firmas: incluía denuncias de presunta corrupción, la designación de personajes polémicos en ministerios y altos cargos públicos, y la falta de capacidad para ejercer como jefe de Estado.
La propuesta logró conseguir 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, pero para ser aprobada eran necesarios 87 votos a favor.