En Honduras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denunció que Roberto David Castillo Mejía busca quedar impune del asesinato de la defensora, Berta Isabel Cáceres Flores, mediante el derecho de amnistía para presos políticos y de conciencia para que las diligencias en sus contra sean archivadas y sea considerado como una víctima del golpe de Estado de 2009 en ese país.
Berta Cáceres luchó junto al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en contra del proyecto “Agua Zarca”, de la empresa hidroeléctrica Desarrollo Energéticos (DESA), en la cual David Castillo se desarrollaba como director en ese entonces.
El 3 de marzo de 2016, Berta recibió diversos disparos en su casa y fue asesinada. Hecho que sucedió luego de que David Castillo coordinó a través de mensajes de textos y llamadas con el exresponsable de seguridad de DESA, Douglas Bustillo, para que un grupo de sicarios llevará a cabo el crimen.
En julio de 2021, la Sala 1 del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia Penal de Honduras declaró culpable al exoficial militar, David Castillo, como coautor del delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres; sin embargo, la defensa del acusado interpuso el 8 de marzo de 2022 una solicitud ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción para que las diligencias en su contra sean archivadas.
Esta acción, explicó IM-Defensoras, se respalda bajo el “Decreto de Amnistía para presos políticos y de conciencia, víctimas de persecución por el golpe de Estado de 2009″ (Amnistía 04-2022), pese a que Castillo, además, se benefició de concesiones en este época para su actividad empresarial.
📢⚠️🚨#AlertaUrgente HONDURAS / David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, busca quedar impune mediante Decreto de Amnistía.
— IM-Defensoras (@IM_Defensoras) March 30, 2022
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Por tales razones, exigió que el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción y las instituciones involucradas rechacen la solicitud de impunidad de David Castillo, una investigación a profundidad de toda la estructura criminal que intervino en el asesinato, el cese a la impunidad y pronta justicia para la familia de Cáceres.
También llamaron a la comunidad nacional e internacional a que se pronuncie y actúe en contra de las “maniobras de impunidad” de la “estructura criminal” de la familia Atala Zablah, la cual es dueña de la empresa DESA.