La familia de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente y el territorio, asesinado en el año 2009, denunció a Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por omisión y por el apoyo que brindó la embajada canadiense en México a la empresa minera Blackfire Exploration Ltd, señalada como responsable de amenazas a Abarca.
Con esta denuncia, aunque es la segunda ante la instancia internacional –la primera fue contra México–, buscan que el caso siente un precedente en la protección a defensores del medio ambiente y el territorio en México, de acuerdo con José Luis Abarca Montejo, uno de los hijos de Mariano.
“Estamos muy conscientes que este proceso no lo va a traer de vuelta a la vida, pero sí es importante sentar un precedente toda vez que existen más defensores de los derechos humanos, del medio ambiente en toda América Latina”, señaló José Luis en entrevista con Once Noticias.
Agrega que para ellos es muy importante esta denuncia ante la CIDH, porque no tuvieron una respuesta favorable por parte del gobierno canadiense hace catorce años ni tampoco de las autoridades mexicanas.
“Por eso recurrimos a las instancias internacionales, para poner el caso de mi padre como algo importante en la lucha”, enfatizó José Luis al medio.
El recuerdo de Mariano es el de la resistencia de Chicomuselo. Mariano supo, desde que salió de casa, que estaba condenado a la muerte. Lo advirtió, incluso, el mismo día que se enteró que había llegado un monstruo a su comunidad: la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd.
Hace 20 años, en Chicomuselo, un municipio enclavado en las estribaciones de la Sierra Madre de Chiapas, y con apenas 31 mil habitantes, la Compañía Minera Caracol inició trabajos de explotación de barita en la mina La Revancha, ubicada en el barrio San Ramón, perteneciente al ejido Grecia y fronterizo al ejido Nueva Morelia. Muy cerca de la frontera con Guatemala.
Caracol, dicen, abandonó la zona, por estar en quiebra, y en 2006 vendió los derechos de la concesión a la empresa canadiense Blackfire Exploration, que comenzó a trabajar en el área en ese mismo año y a operar en 2008.
La promesa de este proyecto para operar fue producir 360 mil toneladas anuales de barita, mineral utilizado para la perforación petrolífera, por lo que sería la mayor mina de barita del mundo. Aunque también buscaban extraer oro, narró José Luis a Once Noticias.
Cuando la comunidad campesina se enteró de este proyecto, no dudó en oponerse. Entre ellos, Mariano Abarca. Dicen que Mariano firmó su muerte en julio de 2009, cuando fue hasta Ciudad de México, para denunciar a los canadienses. Ese día, comparte su hijo José Luis, fue a manifestarse a las puertas de la embajada de Canadá, para denunciar y exigir el retiro de la compañía minera.
Las crónicas cuentan que hubieron muchas manifestaciones en donde la comunidad y Mariano armaron piquetes para impedir el paso de maquinaria y camiones de la compañía minera.
Incluso, Abarca fue arrestado el 17 de agosto de ese año, acusado de causar disturbios, asociación delictiva, ataque a medios de comunicación, daños y perjuicios contra Blackfire Exploration Ltd. También fue golpeado por empleados de la minera junto a su hijo José Luis –quien tenía por entonces 27 años y acompañaba a su papá en la lucha–.
A los pocos días el defensor fue liberado por falta de evidencia. Al salir, Mariano se movió rápido hacia otras manifestaciones que realizaba la comunidad para continuar su lucha.
Días antes de que fuera asesinado, Mariano Abarca había denunciado a dos miembros de la compañía Blackfire, porque había recibido amenazas de muerte.
“Como familia solicitábamos que se citaran a los directivos de la empresa minera, pero no fueron a declarar. Desde que mencionaron que los estaban localizando, no recibimos más información de la Fiscalía”, sostuvo José Luis.
y no le brindaron medidas de protección pese a evidencias.
Afuera del negocio familiar que tenía, un negocio de comida, Mariano fue asesinado a balazos. Por ese caso, las autoridades detuvieron a tres presuntos responsables que salieron libres en 2012.
José Luis acusa que hubo impunidad y responsabiliza a la Fiscalía General del Estado dado que a pesar de evidencias –por ejemplo, un video que grabó el defensor responsabilizando a la empresa–, la Fiscalía no tomó esas pruebas.
“Como familia solicitábamos que se citaran a los directivos de la empresa minera, pero no fueron a declarar. Desde que mencionaron que los estaban localizando, no recibimos más información de la Fiscalía”, sostuvo José Luis.
Si CIDH se pronuncia por el asesinato, sentará precedente en México. La muerte del defensor no fue en vano. El yacimiento minero en Chicomuselo, fue clausurado poco tiempo después del homicidio de Abarca. El Poder Judicial de la Federación determinó que Blackfire no cumplía con las regulaciones ambientales ante Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural de Chiapas (SEMAVIHN), por lo que no podía operar.
Pero eso no significó que el caso haya sido resuelto. En el año 2017, se presentó la primera petición ante CIDH por el caso de Mariano Abarca en contra de México. Este año se retomó y se presentó en contra de Canadá, para cuestionar una figura específica: la “diplomacia económica”, una estrategia corporativa que utiliza Canadá, para poner a su cuerpo diplomático al servicio de las empresas canadienses en el extranjero, según señala Red Mexicana de Afectadas y afectados por la Minería (REMA).
Y es que los abogados de la familia Abarca, integrantes de dos organizaciones –el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá– señalaron, en una conferencia de prensa en Ciudad de México, que la embajada tuvo conocimiento del descontento de la población cuando se impuso el proyecto minero. También tuvo información sobre las denuncias que hizo Mariano.
A pesar de eso, promocionaron y apoyaron a la empresa minera. Esa información la obtuvieron las organizaciones a través de solicitudes bajo ley de acceso a la información y transparencia en Canadá. ¿Los hallazgos? La embajada tuvo información detallada de Mariano, intercambios de llamadas y relaciones de la embajada con la empresa en la que apoyaban sus acciones.
Por esa razón esperan que CIDH se pronuncié, porque sentaría un precedente no sólo para México sino para la región asolada por la minería canadiense. De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 1990 y 2018, Secretaría de Economía entregó 46 mil 048 concesiones mineras, y hasta 2019 operaban mil 531 proyectos en México. Además de 238 mineras que operaban, 151 eran operadas por canadienses.
Esto fue posible luego del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) y la firma de la Ley Minera de 1992, dado que las empresas transnacionales pudieron operar sin restricciones.
Por esa razón es que José Luis y el resto de su familia piden que CIDH se pronuncie, porque ya agotaron todas las instancias federales en México y Canadá. Además sería importante para las personas defensoras del territorio y medio ambiente en México. Nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de una lista sobre los países más inseguros para defender los territorios, según Global Witness.
“Que la CIDH retome el caso, que el gobierno de Canadá se pronuncie. El compromiso con su lucha [de Mariano Abarca] es por el amor que nos enseñó. He decidido continuar aún cuando nos toque también dar la vida”, concluyó José Luis con Once Noticias.