Una coalición, de más de 70 organizaciones, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) devoluciones en cadena, represión, uso excesivo de la fuerza, así como irregularidades en sistemas de protección internacional que han derivado en graves violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de tránsito y solicitantes de protección en Estados Unidos, México y Centroamérica
Las y los representantes de estas organizaciones señalaron que bajo el Título 42 –que entró en vigor en Estados Unidos, bajo el argumento de emergencia sanitaria– se han dado deportaciones expeditas de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de protección internacional.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), desde que entró en vigor en marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, se registraron 937 mil 628 expulsiones desde las fronteras estadounidenses bajo este título.
Dahineri Casteñada, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en la Frontera Sur, dijo que desde el inicio de la pandemia Estados Unidos ha utilizado el Título 42 para expulsar a las personas hacia la frontera sur de México.
“Del 5 de agosto al 21 de octubre el gobierno de Estados Unidos ha enviado 100 vuelos a ciudades fronterizas del sur como Tapachula y Villahermosa, desde donde las personas son trasladadas en autobuses por autoridades migratorias mexicanas para ser expulsadas [a países de Centroamérica, principalmente Guatemala] sin la posibilidad de solicitar asilo en ambos países”, declaró.
Las organizaciones también denunciaron que con la próxima reactivación del programa ‘Quédate en México’, permite que persistan las irregularidades a solicitar asilo, ya que expone a las personas a una situación de riesgo al verse obligadas a quedarse en ciudades fronterizas.
Asimismo señalaron otras situaciones a las que están expuestas las personas en movilidad, por ejemplo, secuestros, desapariciones, trata de personas y las múltiples vulneraciones a los derechos en el caso de niños, niñas y adolescentes no acompañados.
Xavier Celaya, integrante del Comité de Familiares Desaparecidos de El Salvador, recordó las masacre de migrantes en México: Cadereyta, Camargo y las de San Fernando, en el que prevalece un patrón de impunidad para conocer la verdad y en el que no hay personas sentenciadas o responsables por estos hechos.
Piden respuesta integral
La coalición presentó cuatro peticiones de carácter regional:
- Que CIDH emita un mecanismo especial de seguimiento a personas en situación de movilidad
- Que CIDH inste a los Estados (EUA, México y Guatemala) para que cesen la expulsión y las devoluciones en cadena.
- Que CIDH trabaje con estados de la región y con EUA para evitar la discriminación a personas indígenas y proporcione intérpretes
- Que CIDH trabaje con los estados de la región y EUA para finalizar la discriminación racial e interseccional contra personas migrantes
La Comisión señaló que persiste una crisis de dimensiones históricas. La comisionada Julissa Mantilla enfatizó que la migración responde a una falta de democracia y que enviar a migrantes de un país a otro no soluciona el problema sino que lo agrava.
Por lo que ante la situación actual, que responde a una emergencia migratoria, la Comisión responderá en esa línea. La CIDH prepara un informe regional sobre la situación como parte de su respuesta y atención a los casos denunciados.
Entre las organizaciones que participaron se encuentran la Red Regional de Protección, la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica-Norteamérica, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Mesa Transfronteriza sobre Migraciones y Género, Sin Fronteras I.A.P. Asylum Access México (AAMX) A.C., Women’s Refugee Commission (WRC), entre otras.