Inició el juicio contra las personas presuntamente involucradas en el caso denominado ‘Fraude sobre el Gualcarque’, en Honduras. Se relaciona a la causa Berta Cáceres activista y defensora medioambiental lenca, asesinada por oponerse al megraproyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el Río Gualcarque, en 2016.
Se retomó el proceso penal de siete personas que presuntamente cometieron delitos contra la administración pública, entre los que resaltan “los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado”.
El objetivo fue beneficiar a la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) (propiedad de la familia Atala Zablah), por lo que se les otorgó el contrato de operación y contrato de aguas sobre el río Gualcarque. Tal evento lo celebró la extinta Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) emitió un posicionamiento por dicho juicio, en el que denuncian que el Estado de Honduras negó la condición de víctima a la comunidad indígena lenca, ya que se inició sin la participación de ellas.
Denunciaron que los permisos y licencias fraudulentos permitieron el funcionamiento ilegal del proyecto y originaron el asesinato de Berta Cáceres.
Asimismo hicieron un llamado para que se enjuicien y condenen a los principales beneficiarios: la familia Atala Zablah.
Además exigieron que se cancelen la concesión ilegal que lleva más de una década, por lo que demandan la cancelación inmediata que ha afectado a la comunidad lenca y a su Río sagrado Gualcarque.
El pasado junio se pretendía dar inicio a este juicio, sin embargo, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción lo pospuso a petición de la parte defensora.
El fiscal Juan Carlos Griffin, de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), expresó que la acusación es en contra de 19 personas, sin embargo, se someterán al proceso penal sólo a siete de ellas, entre los que se encuentran David Castillo, acusado como coautor del asesinato de la defensoray el exgerente de la ENEE, Roberto Aníbal Martínez Lozano.
El resto de las personas enjuiciadas son: José Mario Carbajal Flores, Carolina Lizeth Castillo Argueta, Luis Eduardo Espinoza Mejía y Raúl Pineda Pineda.
La acusación deviene desde marzo de 2019. Según, dijo el fiscal, cuentan con las pruebas suficientes para comprobar el indicio de participación de cada persona imputada y la comisión de los ilícitos por los cuales fueron acusados.
COPINH pide estár atentos de dicho proceso, ya que implicaría un avance hacia la justicia, aunque exigen que se castigue a los autores intelectuales que hasta hora no han enfrentado proceso alguno.