El Departamento de Justicia de Estados Unidos suspendió las ejecuciones de reos federales condenados a la pena de muerte, al considerar el carácter arbitrario de las sentencias y su impacto desproporcionado en las personas de color.
La medida representa un revés a las políticas de justicia que había impulsado la administración Trump, quien reactivó esta práctica en junio de 2020, después de 17 años.
De las 13 ejecuciones en el último año, seis fueron de estadounidenses, seis afroestadounidenses y un indígena originario.
La falta de proporción, argumentada por el Departamento de Justicia, se basa en que en la Unión Americana 75% de la población son estadounidenses, mientras que los afrodescendientes representan sólo 13%.
La determinación del fiscal general, Merrick Garland, incluye una revisión a fondo de las políticas y procedimientos federales sobre la pena capital.
También ordenó una revisión de las drogas inyectables letales utilizadas en los presos condenados, particularmente el nivel de dolor causado por el pentobarbital.
En 2020 y lo que va de 2021 fueron ejecutadas 22 personas. Además de los trece casos federales, otros nueve corresponden al ámbito estatal, entre los que hubo un mexicano. En estos casos no aplica la suspensión ordenada por el Departamento de Justicia.
El duranguense Abel Revill Ochoa fue ejecutado el 6 de febrero de 2020, 18 años después de haber asesinado a su esposa, así como a sus hijas de siete años y de nueve meses, además de su cuñado y su suegro.