El Departamento de Justicia de EUA demandó al estado de Texas por su ley que prohíbe los abortos a partir de la sexta semana de gestación.
La demanda, presentada en un Tribunal Federal de Austin, alega que la ley del aborto viola la cláusula de supremacía de la Constitución, que establece que la Constitución de Estados Unidos y la Ley Federal generalmente tienen prioridad sobre las leyes estatales.
El Departamento de Justicia está buscando una sentencia declamatoria, así como una orden judicial preliminar y permanente contra el estado de Texas, incluidos todos sus funcionarios, empleados y agentes, incluidas las partes privadas que harían cumplir la prohibición del aborto.
Estados Unidos tiene la autoridad y la responsabilidad de garantizar que Texas no pueda evadir sus obligaciones bajo la Constitución y privar a las personas de sus derechos constitucionales mediante la adopción de un esquema estatutario, diseñado específicamente para evadir los mecanismos tradicionales de revisión judicial federal.
Recientemente 13 mujeres agraviadas por la agresiva política antiaborto del Gobierno y Congreso de Texas, lanzaron el más serio desafío a las restricciones para decidir sobre su embarazo, sobre todo en casos graves.
Son mujeres que no tuvieron recursos para viajar a otro Estado, en el que se les permitiera el procedimiento.
Respaldadas por abogadas defensoras de los derechos reproductivos, presentaron ante la Corte estatal una demanda para restaurar el derecho al aborto.
Demanda por barreras flotantes en Río Grande
Por otra parte, el mismo Departamento de Justicia prepara una ofensiva legal contra el gobierno de Texas contra la colocación de barreras flotantes en el Río Grande (Río Bravo en México) como parte de la operación del estado a lo largo de la frontera entre Texas y México, informó el portal de noticias CNN.
De acuerdo con una carta obtenida por la cadena noticiosa, y fuentes cercanas consultadas por la misma, el Departamento de Justicia envió la carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, donde señala que “las acciones del estado de Texas violan la Ley Federal, plantean preocupaciones humanitarias, presentan riesgos graves para la seguridad pública y el medio ambiente, y pueden interferir con la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus deberes oficiales”.
El Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional de Estados Unidos investigan las recientes denuncias que ha habido sobre trato inhumano a migrantes en la frontera con México, apuntó este jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
El representante presidencial señaló en una conferencia de prensa que ambos gabinetes están evaluando la situación y condenó “en los mayores términos” que, según ha trascendido, policías de Texas recibieran órdenes de negar agua a migrantes y devolver incluso a niños y bebés a las aguas del río Grande.
Condena enérgica del Gobierno Mexicano
En tanto, el Gobierno de México prepara demandas contra las boyas colocadas a manera de muro flotante en el Río Bravo por el gobernador de Texas, Gregg Abbott.
El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se reunió con la responsable de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Adriana Reséndez, y la cónsul de México en Eagle Pass, Vivian Juárez, para revisar el impacto de esta medida.
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya investiga la denuncia del agente de la policía de Texas, Nicholas Wingate, quien afirmó haber recibido la orden de arrojar al Río Bravo a adultos y niños migrantes para regresarlos a México, y de no dar agua a indocumentados detenidos.