El derecho al aborto en América Latina y el Caribe, está marcado por profundas diferencias legales. El Salvador es uno de los países donde este derecho es criminalizado, al reconocer en la Constitución a un embrión como ser humano.
Según los registros, 181 mujeres fueron procesadas penalmente por emergencias obstétricas entre 1998 y 2019, actualmente 29 están privadas de la libertad.
Del hospital a la cárcel
De acuerdo con la feminista Sara García, las mujeres fueron denunciadas del hospital a la cárcel y enfrentaron condenas no solo por aborto, sino por homicidio agravado.
Muchas de ellas recibieron el apoyo de la “Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto”, que impulsó su defensa legal y consiguió la liberación de más de 80 de ellas, así como dos resoluciones a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Emergencias obstétricas
En aquel momento, señaló, se condenó al Estado por una emergencia obstétrica, se estableció la necesidad de crear protocolos sobre el secreto profesional y las emergencias obstétricas.
Sin embargo, como Organización No Gubernamental (ONG), dicha agrupación cerró sus puertas después de dos décadas, tras la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros que impone un impuesto del 30% a fondos del extranjero y fuertes requisitos para las organizaciones.
“Este gobierno ha generado una estructura de persecución y de silenciamiento. A pesar de todo esto que está sucediendo, a pesar de las violaciones de derechos humanos, seguimos resistiendo, seguimos generando alternativas”, manifestó Sara García, integrante de La Movimienta.
Derechos reproductivos
Es así como surge “La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas”, para continuar con la lucha, pero advierten que mientras las leyes no cambien, la defensa de los derechos reproductivos será un tema de debate y de presión nacional e internacional.
“La justicia reproductiva, la vida digna y la despenalización del aborto sea una realidad para nosotras y para toda Centroamérica. Esta lucha sigue y esta lucha va a seguir y vamos a seguir insistiendo”, aseguró Sara García.
Cinco países de América Latina permiten la interrupción del embarazo por decisión de la mujer, en nueve es legal, pero sólo bajo causas específicas, mientras que en tres está prohibido.