En Estados Unidos, el gobierno encabezado por Donald Trump, llevó a cabo acciones que podrían considerarse como “represalias” contra funcionarios de la administración de Joe Biden.
Se trata del despido de los fiscales que trabajaron en las investigaciones de los procesos penales en contra de Trump, como los documentos confidenciales que se llevó a su casa de Florida, y por el intento de alterar los resultados en las elecciones del 2020.
Todos ellos formaron parte del equipo del fiscal especial Jack Smith, quien renunció antes de que el magnate jurara como presidente de EUA.
La orden fue ejecutada a pesar de que los fiscales de base, por tradición, permanecen en sus cargos a través de diferentes administraciones y no son “castigados” por su participación en investigaciones delicadas, sin embargo, esta vez, los despidos fueron con efecto inmediato.
“El secretario de Justicia interino, James McHenry, despidió a algunos funcionarios del Departamento de Justicia que desempeñaron un importante papel en los procesos contra el presidente Trump”, explicó la dependencia en un comunicado.
Hasta ahora, se desconocen los nombres de los fiscales despedidos.
Y como parte de los planes del mandatario norteamericano para reducir drásticamente el tamaño del gobierno, se anunció que se indemnizará con siete meses de salario a los empleados federales que renuncien voluntariamente antes del 6 de febrero.
El ofrecimiento no incluye a quienes están relacionados con temas de inmigración y seguridad nacional, así como a las personas que trabajan en el Servicio Postal de Estados Unidos.