Un juez de Bolivia giró este viernes 17 de enero una orden de aprehensión contra el expresidente y aspirante presidencial Evo Morales, por el caso que se le sigue bajo acusación de estupro.
En tanto, el acusado respondió desde su cuenta de X afirmando que el caso es claramente una persecución política en su contra, dirigida desde el ejecutivo boliviano en connivencia con el poder judicial del país andino.
El juez quinto de instrucción penal, Nelson Rocabado, enfocado en anticorrupción y violencia hacia las mujeres, consideró que Morales se encuentra en rebeldía, pues sumó dos ocasiones que no asiste a la audiencia a la que se le convoca para responder por la imputación.
La autoridad judicial, en seguimiento, ordenó el arresto del exmandatario, además de su arraigo nacional y un embargo preventivo de sus bienes.
El defensor del exmandatario, aseveró que Morales es inocente y el caso oculta un trasfondo de persecución política.
Evo acusa conspiración en su contra
El exmandatario boliviano respondió al hecho desde su cuenta verificada de X acusando que el caso ya está armado de antemano.
“La declaración de rebeldía ya estaba redactada antes de la audiencia. Seguramente fue enviada por los ministerios de Gobierno y Justicia para que lo lea el juez. Sólo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión”, sostuvo Morales.
“Los que me acusan están acusados de ser los verdaderos autores de trata y tráfico, pero nadie se atreve a iniciarles un proceso porque el régimen del terror que gobierna nuestro país los amenaza”, abundó.
Morales dijo que considera que no se ha respetado el debido proceso en su caso, ni la presunción de inocencia, a pesar de estar consagradas en la constitución boliviana.
“No administran justicia con neutralidad, sino con consignas políticas. Denuncio al mundo que me persigue y me condena en tiempo récord una ‘justicia’ parcializada y servil al gobierno de Arce y Choquehuanca, que tiene dominado a todo el Órgano Judicial“, consideró el expresidente.
Además, insistió que el trasfondo de todo el caso tiene como objetivo descarrilar su intención de participar como candidato en las elecciones presidenciales, programadas para agosto de este 2025.
Recuento de una crisis política en Bolivia
La decisión judicial contra el exmandatario es apenas un episodio más de una ahora ya larga confrontación entre Morales y quien otrora fuera su aliado político, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce.
Arce fungió como ministro de Economía en las administraciones de Evo. Luego de la crisis política de 2019, cuando las fuerzas armadas le recomendaron a Morales renunciar al cargo presidencial, lo que motivó su exilio en México, Arce devino candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de ambos.
En 2020, Arce ganó las elecciones por una mayoría contundente, entonces respaldado por el expresidente Morales.
Sin embargo, ante la perspectiva de que ambos pretenden la candidatura del MAS para una nueva elección en Bolivia, comenzaron las enemistades entre ambos, quienes han cruzado acusaciones en distintos tonos durante meses.
Otra prueba del pacto que tiene Arce Catacora con la derecha boliviana: en todos los medios y durante las 24 horas, voceros, dirigentes y precandidatos de partidos neoliberales, repiten el guión de la Guerra Judicial (Lawfare) que se ejecuta en mi contra.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 15, 2025
Sin pruebas, solo con… pic.twitter.com/9RhVUB1mgK
¿Lawfare?
Mientras los rivales derechistas de Morales dan por cierta la acusación de que abusó de una menor de edad, caso por el que ahora recibió una orden de aprehensión, diversos analistas interpretan el caso como un ejemplo de lawfare o guerra jurídica contra el exmandatario.
El Grupo de Puebla, alianza de fuerzas progresistas latinoamericanas en la que participan distintos exmandatarios de la región, emitió un pronunciamiento en octubre de 2024 para expresar su preocupación por la situación boliviana.
Hace 44 años paramilitares y esbirros a la orden de García Meza protagonizaron una de las páginas más siniestras del período de dictaduras. En la tarde del domingo 15 de enero irrumpieron violentamente en una casa de la calle Harrington, en la ciudad de La Paz, asesinando a… pic.twitter.com/SsXpxa7QEq
— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) January 15, 2025
Lamentaron los encontronazos constantes entre Arce y Morales, además de considerar que sus diferencias avanzaron al terreno judicial.
“Con el evidente propósito de judicializar la campaña alrededor de casos y acusaciones contra el expresidente Morales, algunas infundadas y otras que ya fueron resueltas judicialmente en el pasado”, acusó entonces el Grupo de Puebla.
“Invitamos al gobierno del presidente Arce a no permitir que su gobierno, las propias autoridades judiciales o algunos organismos de control participen en esta operación de daño reputacional contra un ciudadano”, apuntaron.
La confrontación entre ambos líderes políticos, consideró el Grupo de Puebla, abre camino a las aspiraciones de la derecha boliviana de hacerse del poder ejecutivo de Bolivia.