Un grupo de diputados depuestos del partido de Aung San Suu Kyi entregarán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) miles de pruebas de violaciones de los derechos humanos a gran escala en Myanmar, mientras el líder de la junta militar prometió resolver la crisis democráticamente.
Casi 600 civiles, incluidos unos 50 niños y adolescentes, murieron víctimas de la represión desde el golpe del 1 de febrero, que derrocó al Gobierno civil de Suu Kyi, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).
Desde el golpe, una 2 mil 700 personas han sido detenidas y muchas de ellas, de las cuales sus familias y abogados no tienen noticias, están desaparecidas.
Nuestro comité ha recibido 180 mil elementos que muestran violaciones a gran escala de los derechos humanos por parte de los militares”, afirmaron los diputados del Comité para la Representación de la Pyidaungsu Hluttaw (CRPH).
Las denuncias incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegales.
Las pruebas se remitirán al mecanismo de investigación independiente sobre Myanmar de la ONU”, señaló el CRPH.
El principal experto independiente con mandato de la ONU, Tom Andrews, ya había denunciado probables crímenes contra la humanidad a mediados de marzo.
Por su parte, el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, aseguró que resolverá la crisis de forma democrática.
El movimiento de desobediencia civil, con miles de trabajadores en huelga contra el régimen militar, pretende destruir el país paralizando el funcionamiento de hospitales, escuelas, carreteras, oficinas y fábricas”, mencionó Min Aung Hlaing.
El general contabilizó solo 248 bajas entre los manifestantes desde el Golpe de Estado y dijo que 16 soldados habían muerto y 260 habían resultado heridos.