Este jueves, el Congreso de Diputados de España aprobó el proyecto de ley que permite cambiar libremente de género a partir de los 16 años, tras meses de tensiones dentro del Gobierno progresista y en el movimiento feminista.
Iniciativa insignia del partido de izquierda radical Podemos, aliado de los socialistas en el ejecutivo de coalición que encabeza Pedro Sánchez, el texto recibió 188 votos a favor y 150 en contra, además de 7 abstenciones, e iniciará ahora su trámite en el Senado.
Si el proyecto es aprobado definitivamente en la cámara de Senadoes en las próximas semanas -como es muy probable-, España se convertirá en uno de los pocos países del mundo que autoriza la autodeterminación de género presentando apenas una solicitud personal.
Dinamarca fue el primer país europeo en conceder este derecho a las personas transgénero en 2014.
Concretamente, la nueva norma debe permitir que una persona transgénero cambie su nombre y mención relativa a su sexo en sus documentos presentando una solicitud en el Registro Civil.
Hasta ahora, esta modificación solo estaba permitida para personas mayores de edad que aportaran un informe médico y acreditaran haberse sometido a un tratamiento hormonal durante al menos dos años.
Persistencia de la decisión de cambiar de género
“Les mujeres trans son mujeres”, había insistido el miércoles la ministra de Igualdad, Irene Montero, dirigente de la formación, asegurando que la aprobación del proyecto suponía una respuesta contra la “transfobia“.
La iniciativa, bautizada como “ley trans“, debe permitir también que los jóvenes de entre 14 y 16 años puedan cambiar la mención de su sexo en el Registro Civil, siempre que estén asistidos en el proceso por sus tutores legales.
Para los de 12 a 14 años, es necesario que cuenten con aval judicial. Actualmente, todos los menores deben obtener esta autorización de un juez.
En todos los casos, la ley prevé que el solicitante deba acudir al Registro Civil en un plazo de tres meses desde la comparecencia inicial para ratificar su petición, “aseverando la persistencia en su decisión” de cambiar de género.
Profundas divisiones
Aprobado en el Consejo de Ministros hace más de un año, este proyecto de ley ha provocado fuertes tensiones entre Podemos, que convirtió esta iniciativa en un pilar central de su acción gubernamental, y los socialistas de Sánchez, que trataron en vano de modificar el texto.
También generó profundas divisiones en el feminismo, entre quienes comparten la visión de Irene Montero y militantes históricas, en guerra abierta contra el proyecto.
“Cuando se reivindica el género por encima del sexo biológico (…) me parece un retroceso para las mujeres”, valoró la exnúmero dos del Gobierno de Sánchez, la socialista Carmen Calvo, en una entrevista con el diario El Mundo en septiembre.
Estas feministas históricas temen que personas del sexo masculino que se autoidentifiquen como mujeres puedan participar en competiciones deportivas femeninas o cumplir condenas en prisiones de mujeres.
Haciéndose eco de estos temores, los socialistas presentaron una enmienda para extender la necesidad de contar con autorización judicial también para los jóvenes entre 14 y 16 años, pero acabó siendo rechazada.
Aceptando su derrota, la formación de Sánchez votó el jueves a favor del texto como estaba, menos Carmen Calvo, que rompió la disciplina de voto del partido para abstenerse, según reportaron los medios.
“Esta ley simboliza la mayor derrota legislativa del PSOE frente a Unidas Podemos en esta legislatura desde la formación del ejecutivo a principios de 2020”, escribió el diario conservador El Mundo.
Por su parte, El País (centro-izquierda) habló de “una de las normas que más ha tensado al gobierno de coalición”.
Militante LGTBI y primera mujer transgénero elegida diputada regional en España, Carla Antonelli abandonó el Partido Socialista en octubre en protesta por la intención de su formación de modificar el proyecto de ley.
“Hemos visto a un sector del PSOE y del feminismo pasar de defender los derechos de la minoría trans a boicotear con saña nuestra propia existencia”, afirmó Antonelli el jueves en un artículo publicado en El País.
Entre otras disposiciones, el proyecto de ley aprobado por los diputados prohíbe también las terapias de conversión que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de las personas LGBTIQ+, con multas que pueden alcanzar los 150 mil euros.