Ecuador pidió a la embajada mexicana en Quito autorizar que la policía ingrese a su sede para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto.
“La cancillería ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia de capturar al ciudadano Jorge David Glas Espinel”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de X.
Glas, quien tiene una orden de prisión, se refugió en esa legación el 17 de diciembre pasado en medio de una investigación en su contra por presunto peculado, un delito imprescriptible que se castiga hasta con 13 años de prisión.
Glas pidió a silo a México
El exvicepresidente (2013-2017) pidió asilo a México, pero Quito anticipó que le negará un salvoconducto para salir del país en caso de que el refugio le sea concedido, por considerar que se trata de una investigación penal.
De su lado, la defensa de Glas sostiene que el asilo le permitirá proteger “su integridad física” ante la inseguridad en las cárceles ecuatorianas, donde desde 2021 han muerto 460 personas.
En relación con la información que circula en redes sociales, confirmamos que la Cancillería, como canal diplomático, ha solicitado a la Embajada de México el consentimiento para que las fuerzas del orden puedan dar cumplimiento a la disposición de la Corte Nacional de Justicia.
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 1, 2024
¿De qué se le acusa a Jorge Glas?
De acuerdo con la fiscalía, Glas y otros dos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) desviaron los fondos destinados a la reconstrucción de la provincia de Manabí hacia otros proyectos.
Glas lideró un comité para la reconstrucción de zonas afectadas por el fenómeno natural, para lo cual el gobierno recaudó unos 1.614 millones de dólares de aportes obligatorios de los salarios de todos los empleados y el alza temporal del Impuesto al Valor Agregado.
La investigación “determinó que existiría un abuso de dinero público en beneficio de terceras personas”, ha señalado la fiscalía, que sostiene que hasta la fecha no se ha evidenciado un proceso de reconstrucción de los poblados afectados por el sismo de 7.8 grados de magnitud.