Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia aprobaron el informe de conciliación del proyecto de la Ley 181, conocida como la legislación de “Paz total’, que permitirá al gobierno de Gustavo Petro dialogar con distintos grupos armados.
El texto fue aprobado con 128 votos a favor y 7 en contra y será enviado a la Casa de Nariño a fin de que el presidente Petro lo sancione.
La aprobación del proyecto de “Ley 181/2022”, por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, (también conocida como Ley de Orden Público) se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”.
Es una ley que, básicamente, lo que entrega son instrumentos al Presidente de la República, al alto comisionado para la Paz, al Gobierno Nacional y permitirá caminar para lograr la ‘Paz total’ en Colombia”, comentó el ministro del Interior, Alfonso Prada, tras la ratificación de la conciliación.
Por su parte, el senador por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestó que la enmienda aprobada “se trata de la más sólida e incluyente política de Estado en esta materia aprobada hasta hoy en el país que tiene los instrumentos indispensables para sentar las bases e inaugurar una época de paz”.
El proyecto fue aprobado esta semana por ambas cámaras del Congreso luego de un intenso debate legislativo. No obstante, al encontrarse diferencias entre ambas cuerpos legislativos, el proyecto debió ser corregido por una comisión de conciliación.
¿Qué es la Ley 418 de Colombia?
La iniciativa, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.
En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para “entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados”.
Además, estos representantes tienen autorizado “firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley”, con el objetivo de “obtener soluciones al conflicto armado”.