“Hay futuro sin verdad” es el título de un Informe compuesto de 24 tomos, sobre el conflicto armado desde 1964 hasta la firma de paz en 2016.
La investigación comenzó en 2018 y reunió más de 30 mil testimonios que fueron víctimas, testigos y responsables, durante una de las épocas más dolorosas que atravesó Colombia y que hirió tan hondamente, que continúa socavando el presente de aquel país.
Este evento se presentó, el pasado martes, en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá. No asistió Iván Duque con la excusa de que no estaba en el país. En su representación estuvo el Ministro del interior, Daniel Palacios.
Sin embargo, Gustavo Petro y Francia Márquez, presidente y vicepresidenta electos, sí asistieron. Petro recibió las recomendaciones de este informe de importancia histórica y simbólica para Colombia.
“Lo ganado en el Acuerdo de Paz, en 2016, es una realidad. El pueblo lo conoció en 2017, el más tranquilo de los años vividos en más de medo siglo, conoció lo que significa la paz y no va a renunciar a ello”, dijo Francisco de Roux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), en su intervención.
En su lectura expresó, “no podemos postergar el día en que la paz sea un deber y un derecho y obligatorio cumplimiento”. Su declaración que fue una suerte de prólogo.
“La Comisión no es dueña de la verdad”, aseguró el sacerdote y dijo que con este informe se busca establecer patrones, responsabilidades compartidas de “un entramado de intereses políticos, institucionales, económicos, culturales, militares y de narcotráfico”.
Agregó en tono de indignación, “¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? y ¿cómo nos podemos atrever a permitir que continúe pasando?”, preguntó el sacerdote jesuita al referirse al conflicto armado más largo de la región.
Este informe se entrega a cinco años de la firma de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como parte de los compromisos para conocer la verdad y reconstruirla, sin embargo, tal como se lee en el informe “la lenta y parcial implementación de lo pactado, sumada al recrudecimiento de la violencia en algunas zonas, han obstaculizado la posibilidad de avanzar decididamente hacia la construcción de paz”.
Este informe fue posible por el trabajo de la CEV compuesta por 11 personas Comisionadas, entre ellas de Roux. Dos de los comisionados, Alfredo Molano y Ángela Salazar, fallecieron por lo que de Roux hizo mención a su memoria.
Esta primera entrega se compone de los hallazgos y las recomendaciones. En él sobresale que al centro están las víctimas y el impacto de la guerra en la sociedad, muchas de quienes fueron víctimas, estuvieron presentes en este evento, para escuchar las disculpas en voz de jefes militares o policías, a través de los testimonios.
“La población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por un conflicto armado, en el que tener control sobre la población civil y el territorio se convirtió en objetivo central de la guerra”, reza el documento.
El jesuita reconoció que las poblaciones más golpeadas por la guerra fueron las personas indígenas, afrocolombianas, raizales y romm.
Entre hallazgos sobresalió el problema del narcotráfico “no es solo un asunto delictivo o de carácter militar, y ha condicionado históricamente la relación entre Colombia y Estados Unidos desde los setenta”.
“La forma en la que se enfrenta el narcotráfico (como si fuera una guerra), la visión militar de perseguir los eslabones más débiles de la cadena, la militarización de los territorios e, incluso, las políticas criminales de detenciones sucesivas de capos durante décadas, no han resuelto el problema. Más bien ha ocurrido lo contrario: la representación de que se trata de una «guerra» lo convierte en factor fundamental de la persistencia”.
Por tal situación, la comisionada Marta Ruiz, en rueda de prensa, señaló de la urgencia de cambiar de paradigma en la lucha del narcotráfico, porque las estrategias de lucha contra uno de los grandes financiadores de la guerra ha sido un “fracaso”, expresó.
Entre las recomendaciones sobresalió que para implementar de manera integral el acuerdo de paz de 2016 se precisa frenar la impunidad, “superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión”, de la que han sido víctimas estos grupos y en la que han participado también la sociedad en su conjunto.
Por su parte, Gustavo Petro quien está próximo a tomar el poder (7 de agosto) dijo que hay expectativas de paz, “de una paz grande (…) integral; de la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia”.
En los próximos dos meses será entregado el resto del Informe y se instalará un comité de seguimiento y monitoreo, integrado por siete miembros de la Comisión, que observará la implementación de las recomendaciones.