Comenzó la audiencia internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por el emblemático caso de Beatriz, una mujer salvadoreña que enfrentó -hace 10 años- al Estado al solicitar la interrupción de su segundo embarazo, porque su vida estaba en peligro y le fue negado durante 81 días.
Este 22 y 23 de marzo se llevará a cabo la audiencia en el máximo tribunal de los derechos humanos y lo que derive de la sentencia será una oportunidad histórica para las mujeres de El Salvador.
El caso llega a las instancias internacionales, luego de un largo proceso que llevó la familia de Beatriz acompañada por organizaciones feministas, que han esperado dilucidar justicia para Beatriz, pero también por ser una oportunidad para que El Salvador cambie su marco normativo sobre el aborto.
Y es que a Beatriz se le practicó una cesárea, hasta que obtuvo medidas cautelares por parte de la Corte IDH, hace 10 años, pero vivió un periplo porque en el pais centroamericano el aborto está prohibido sin niguna excepción y las mujeres son criminalizadas.
República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Haití son otros paises de América Latina en donde comparten tal prohibición.
Previo a que comenzará la audiencia se registraron movilizaciones en diversas ciudades y países, al interior de El Salvador, en México y en las puertas del máximo tribunal internacional, en Costa Rica.
En nuestro país, representantes de Amnistía Internacional e integrantes de diversas organizaciones sociales como Católicas por el Derecho a Decidir México, Elige Red de Jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos, y Balance Ac, se manifestaron en la embajada de El Salvador en Cdmx sin ser atendidas por su representante. En la manifestación pidieron justicia para Beatriz.
En las puertas de la CorteIDH, además, se instalaron algunas veladoras y mantas con consignas de justicia para Beatriz, quien falleció en 2017 a causa de un accidente y de una nuemonía fulminante, pero que fue una mujer que “quería vivir”, tal como declaró su mamá, y que desafío al estado salvadoreño.
El primer día de audiencia: “Beatriz quería vivir”
Durante el primer día de audiencia en la CorteIDH, se escucharon las voces y testimonios de los testigos de la víctima y las declaraciones del representante del estado salvadoreño.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto en El Salvador y representante ante la CorteIDH, dijo ante los medios que en un primer balance, las preguntas de los jueces fueron pertinentes y que permitió dar a conocer la situación que viven las mujeres en El Salvador por la penalización del aborto.
Así mismo participaron representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronunció desde 2021 y determinó que el estado salvadoreño fue responsable por su acción desproporcionada, porque impidió la interrupción del embarazo en un tiempo considerable, pese a la condición de salud de Beatriz.
Julissa Mantilla, comisionada de CIDH, dijo que hubieron otras violaciones como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la vida, a la salud y a la integridad personal.
En un primer momento, la CorteIDH, liderada por el juez Ricardo Perez Manrique, interrogó a la mamá de Beatriz, quien compartió la historia de su hija y los días que vivió cuando decidió interrumpir su embarazo.
Recordó que Beatriz, originaria de la comunidad rural de Usulután, ubicada en El Salvador, a los 19 años fue diagnosticada con lupus. Su hija padecía lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea juvenil.
En el año 2013, Beatriz se enteró que estaba embarazada por segunda vez. La primera vez, en el año 2011, su hijo nació de forma prematura.
Ambos embarazos eran de alto riesgo, pero en el segundo, ella tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia: solicitó la interrupción del embarazo dado que el ultrasonido reportó una malformación congénita en el feto, conocida como anencefalia (ausencia total de calota craneana y tejido cerebral).
La madre de Beatriz relató que su hija estuvo 81 días hospitalizada, dado que en ese tiempo el estado y los médicos discutían el acceso al aborto, “fue una tortura para ella”, debido a cómo la veían y trataban en el hospital.
Al ser interrogada por el juez Rodrigo Mudrovitsch sobre las expectativas y lo que esperaba de la Corte IDH, enfatizó:
“Espero que se restaure la imagen de Beatriz y que este caso no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer”, externó a los magistrados.
“Para mi hija, tomar la decisión de querer seguir viviendo fue una tortura. Yo solo quiero que nadie pase por lo que mi hija pasó. Solo eso”, explicó la madre de Beatriz ante los siete magistrados de corte de San José.
Agregó con lágrimas cómo fue que el estado le falló a su hija: la primera vez cuando le negó la interrupción del embarazo, y la segunda vez cuando murió a causa de una neumonía fulminante, ya que hubo negligencias médicas.
También fue interrogado Guillermo Ortiz, quien fue el médico tratante de Beatriz en el Hospital Nacional de Maternidad, el hospital más grande del país, quien explicó la condición de salud de Beatriz y los “altos riesgos” que tuvo, lo que determinó que su embarazo debía ser interrumpido.
Al ser interrogado por representes del estado salvadoreño sobre esos riesgos de salud, explicó que entre ellos estaba la preclamsia (uno de los principales riesgos de muerte), la hemorragia obstétrica, la exacerbación del lupus que padecía y la nefritis lupica.
El médico también externó que en El Salvador la persecución u estigmatización se da también hacia el cuerpo médico.
“Uno menciona la palabra aborto en El Salvador y se estigmatiza y se criminaliza. En el hospital era un tema vedado, porque más allá de la parte legal, existe un problema fuerte de señalamientos y va más allá de las personas” dijo.
Y es que el médico fue señalado al recomendar la interrupción del embarazo a Beatriz, pese a la evidencia científica que hacía inviable el embarazo, en el que coincidieron 15 médicos, pero que no pudieron llevar a cabo la interrupción debido al marco penal salvadoreño.
El médico aseguró que tuvo que salir de su país y radicar en Estados Unidos, debido a que en el hospital lo señalaban de hacer una apología del delito al haber recomendado y brindado información a Beatriz .
Además dijo que no existen los protocolos para atender emergencias obstétricas en el país centroamericano ni se considera dentro de las ofertas terapueticas la interrupción del embarazo y que se señala a personal médico si se habla del tema.
Asimismo, a su declaración ante los jueces, explicó que Beatriz pudo haber accedido a una interrupción temprana y menos agresiva que la cesárea, dado que puso en riesgo su vida.
“Estamos a favor de la elección libre de la mujer, que pueda tomar sus decisiones informadas con base en evidencia científica”, declaró.
Por su parte, Rafael Barahona, en defensa del Estado salvadoreño, negó que la vida de Beatriz estuviera en peligro.
“En esa segunda gestación, nunca estuvo en riesgo. Planificaron una cesárea cuando podrían haber esperado un poco más a que fuera el parto. Eso hubiera sido menos invasivo”, afirmó y agregó que las mujeres que tienen lupus suelen mejorar luego del embarazo.
No obstante, en el caso de Beatriz se sumaba que el feto tenía una malformación congénita.
A lo que se enfrenta el caso
No es la primera vez que llega un caso como el de Beatriz a la Corte IDH , ya antes se había condenado a El Salvador por el caso de Manuela (link).
Sin embargo, en el caso de Beatriz se evidencian las consecuencias de negar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo,por lo que la resolución de la sentencia será de gran importancia, dado es una oportunidad para El Salvador para atender las recomendaciones internacionales y modificar su legislación.
Y es que en el Código Penal salvadoreño la interrupción del embarazo se tipifica como delito desde 1998. La legislación condena hasta con 50 años a quien opte por el aborto o incluso a quien experimente una emergencia obstétrica.
Con el gobierno actual han sido liberadas 70 mujeres han sido liberadas. Pero en un balance general, Morena Herrera ha señalado antes a Once Noticias que a la par han aumentado las denuncias y los procesos judiciales hacia las mujeres.
De acuerdo a la investigación realizada por la Agrupación Ciudadana, desde 1998 hasta 2019 se han procesado a 181 mujeres por aborto o emergencias obstétricas en El Salvador. Sin embargo, las cifras serían más si se consideran los datos de homicidio agravado, por lo que se calcula que son más de 250 casos.
En 2019, bajo la administración de Nayib Bukele, fueron procesadas sólo cinco mujeres.
Lo que ha preocupado a las activistas feministas es que los grupos ultraconservadores y el mismo estado son una fuerza que ha imposibilitado cambiar el código penal.
En el año 2021, el presidente Nayib Bukele informó que en un pliego de reforma constitucionales que hizo no se contemplaría cambios sobre el aborto, el matrimonio igualitario y la eutanasia.
Tal decisión fue sorpresa para la Agrupación que acompaña el caso de Beatriz, dado que en campaña había expresado una posición a favor del caso.
Luego de esas declaraciones de Bukele, cuando dijo que no habría reformas al tema de aborto. Los grupos conservadores, en donde también se encuentra el poder eclesiástico, han ejercido presiones para que continúe esa criminalización. Días después de las declaraciones de Bukele, el arzobispado también se posicionó y rechazó una reforma constitucional para legalizar el aborto.
Las activistas feministas ya han declarado antes que una sentencia favorable del máximo tribunal internacional sería una posibilidad para que el país centroamericano adopte reformas estructurales que sirvan como garantía de no repetición.
Además, se haría revisión de la normativa que prohíbe la interrupción del embarazo y penaliza tanto a las mujeres como al personal médico.
Se violaron los derechos humanos de Beatriz
Luego de esta primera audiencia han sido diversas las reacciones en redes sociales, principalmente de apoyo al caso.
Fernanda Díaz de León, coordinadora de políticas y abogacía en Ipas México una de las organizaciones litigantes ante la CorteIDH, dijo que estaban contentas porque finalmente se planteaban los argumentos del caso. Externó que era un punto importante y que reunían de los años de lucha y de preparar la estrategia juridica.
“Sí la corte resuelve sobre el caso se reconocería que se violaron los derechos humanos de Beatriz a la vida, a la salud, a la autonomía, a la integridad y a la vida familiar. Esperamos una condena clara para que el estado permita lograr que cambie, que se reconozcan los derechos de las mujeres y que permita el aborto en determinadas circuntancias”, comunicó.
Mañana la Corte con sede en Costa Rica deliberará sobre el caso y se darán a conocer las medidas y recomendaciones, que aunque no son vinculantes, deberá atender el estado salvadoreño dado que forma parte de los países firmantes de la Convención Americana.