El Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos anunció que pondrá fin a la política de exigir a los buscadores de asilo esperar en México mientras sus solicitudes se resuelvan en la justicia.
El anuncio se dio luego de que un juez levantara una orden judicial que impedía al Gobierno de Joe Biden eliminar la política llamada “Quédate en México”.
Con esa política, adoptada en 2019 por el expresidente Donald Trump, miles de solicitantes de asilo fueron enviados a México hasta que tuvieran que comparecer ante una Corte de Estados Unidos por su audiencia migratoria.
El programa fue considerado cruel y peligroso, al dejar a personas vulnerables en condiciones inseguras en poblados fronterizos.
“La política será desfasada de manera rápida y ordenada. Nadie más será incluido y quienes crucen la frontera para asistir a sus audiencias en la corte no serán devueltos a México”, informó la dependencia estadounidense en un comunicado.
Asimismo, el Departamento de Seguridad Interior dijo que el Protocolo de Protección de Migrantes (PPM), como se denomina oficialmente la política, tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificados y quita recursos y personal de otras tareas prioritarias para resguardar nuestra fronteras.
Poco después de llegar al poder, Biden intentó suprimir la medida como parte de lo que denominó un abordaje más humano a la migración, pero varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Texas, demandaron al Gobierno federal y un tribunal de la capital ordenó reinstaurar la política.
El caso llegó a la Corte Suprema, quien determinó el 30 de junio que Biden tiene la autoridad de terminar el programa.
¿En qué consiste el programa “Quédate en México’’?
Este plan consistiría en que los solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos por su frontera sur podrían ser devueltos a México para esperar la resolución de su caso en las cortes estadounidenses.
Durante sus dos primeros años de vida, el programa deportó a cerca de 71 mil migrantes a diversas ciudades fronterizas mexicanas, originarios en su mayoría de Latinoamérica y el Caribe. De esa cifra, sólo 3 mil personas fueron readmitidas en Estados Unidos, con sus excepciones.
Los países que reportaron un mayor índice de inscripción a este programa fueron:
- Honduras
- Guatemala
- Cuba
- El Salvador
- Ecuador
- Venezuela
- Nicaragua
Posteriormente, tras el cierre del programa por parte del presidente Joe Biden, en febrero de 2021, 13 mil personas con casos abiertos fueron readmitidas en Estados Unidos bajo permisos condicionados para permanecer ahí durante su proceso.
Esto fue posible gracias al sistema Conecta, conformado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y diversas organizaciones civiles, así como el gobierno mexicano.
En julio de 2021, los estados de Texas y Missouri demandaron al gobierno federal estadounidense por la cancelación del programa y argumentaron que traería costos excesivos para sus gobiernos, a causa de los servicios que deberían proporcionar a los migrantes readmitidos y liberados en su territorio.
En agosto 2021, un juez federal de Texas dio la razón a ambos estados y determinó que el gobierno de Biden debía reiniciar el programa. La Corte de Apelaciones y la Suprema Corte de Justicia ratificaron ese dictamen.
Después de varios meses de negociación con el gobierno mexicano sobre las condiciones de reinicio del programa, el 6 de diciembre de 2021 se relanzó en las ciudades de El Paso, Texas, y Juárez, Chihuahua, con el propósito de extenderlo, a partir de 2022, a otras ciudades fronterizas.