Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar al presidente Daniel Ortega en el poder, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe publicado el jueves que señala “impunidad estructural” y “crímenes de lesa humanidad” en el país centroamericano.
perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural” dijo la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
Los comicios ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, dijo la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
“Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre”, advirtió.
El informe, titulado “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, describe la “grave crisis política, social y de derechos humanos” en el país, y nota especialmente que no se ha implementado “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la OEA.
La Asamblea General de la OEA, el órgano máximo del bloque regional, instó en octubre de 2020 a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el gobierno de Ortega rechazó la resolución.
Managua también desestimó por “injerencistas” dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA este año, una el 15 de junio y otra el 20 de octubre, que pidieron la liberación de todos los detenidos por motivos políticos y la organización de elecciones conforme a la Carta Democrática Interamericana, el instrumento regional de defensa de la institucionalidad.
La OEA señaló que puede tomar “otras acciones” con relación a Nicaragua durante la próxima asamblea anual del organismo, del 10 al 13 de noviembre.
El informe de la CIDH muestra los urgentes desafíos para restablecer garantías y libertades, deuda pendiente con la sociedad nicaragüense”. tuiteó la secretaria ejecutiva de la Comisión, Tania Reneaum, al difundir el documento
El reporte destaca que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia. Todos permanecen privados de libertad.
Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos y medios de comunicación, y el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial”, donde el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, “tiene instalado un régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas “a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, dijo la CIDH.
El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubermentales que estallaron en 2018, el gobierno de Ortega “llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.
La CIDH dijo que Nicaragua expresó su “no aceptación y rechazo absoluto” del informe, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación.
No es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado”, dijo el gobierno de Ortega en su respuesta a la CIDH
Agregó que lo consideraba “una franca obediencia y réplica de los designios lesivos e injerencistas del Imperio Norteamericano, en su pretensión de lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral”.
El informe remonta los orígenes del deterioro institucional de Nicaragua al llamado pacto “Alemán-Ortega” de 1999, sellado entre el entonces mandatario Arnoldo Alemán (1997-2002) y Ortega, quien ya había sido presidente entre 1985 y 1990 tras la revolución sandinista de 1979 que derrotó la dictadura de Anastasio Somoza.
Según la CIDH, este acuerdo instauró un sistema bipartidista que propició la concentración de poder en el Ejecutivo, un proceso que se intensificó en 2007, al asumir Ortega su segundo mandato, y se consolidó a partir de la crisis iniciada en abril de 2018.
La CIDH visitó Nicaragua en mayo de 2018 tras la violencia desatada en el contexto de las protestas sociales. En junio publicó su informe señalando graves abusos de los derechos humanos, e instaló un mecanismo especial de seguimiento de sus recomendaciones a las autoridades.
El gobierno de Ortega suspendió la presencia de la CIDH en Nicaragua en diciembre de 2018, pero la Comisión ha seguido monitoreando la situación en el país desde su sede en Washington.