La Justicia peruana fijo para el próximo primero de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujirmori por su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas llevadas a cabo durante sus 10 años en Casa de Pizarro, de 1990-2000.
La audiencia fue aplazada hace dos semanas después de que el proceso judicial no contara con intérpretes de una variante del quechua en el que se expresaban algunas de las víctimas que acudieron a la cita.
La autoridades no solo acusan a Fujimori, quien no acudió ni presenció la cita vía telemática alegando problemas de salud, sino también a los antiguos ministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Todos ellos están acusados de forzar a casi 350 mil mujeres y 25 mil hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.
Unas 2 mil 073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los derechos humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía.
En los tribunales hay pendientes aún mil 307 denuncias.
Actualmente, Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.