El gobierno de Estados Unidos endureció los criterios para otorgar la visa TN, un documento clave para que profesionales mexicanos y canadienses trabajen de manera temporal en territorio estadounidense bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre los cambios más relevantes se encuentra la reducción de las profesiones elegibles, lo que deja fuera a ocupaciones que tradicionalmente habían sido admitidas, como programadores informáticos, analistas de mercados y financieros, técnicos de radiología y médicos clínicos.
A partir de julio de 2025, la visa se limitará a solicitantes que desempeñen funciones exclusivamente vinculadas a la enseñanza o investigación.
Además, las autoridades migratorias estadounidenses han reforzado los requisitos académicos, de modo que los títulos universitarios deben estar directamente relacionados con la profesión solicitada. Si el grado académico no coincide plenamente con el área laboral, la solicitud será rechazada, sin considerar experiencia o certificaciones adicionales.
Otro cambio significativo es el proceso para la población mexicana: las solicitudes deberán presentarse directamente ante embajadas o consulados estadounidenses en México, lo que representa una modificación operativa importante y podría impactar los tiempos de trámite.
La visa TN permite residir legalmente en Estados Unidos durante hasta tres años, con posibilidad de renovaciones sucesivas, siempre y cuando se mantenga la vigencia de las condiciones laborales y contractuales. Los cónyuges e hijos menores de 21 años pueden acompañar al titular mediante la visa TD, aunque no pueden trabajar legalmente bajo esa categoría.
Aunque las autoridades no han informado cuántos solicitantes podrían verse afectados, datos oficiales del Departamento de Estado revelan que más de 24 mil mexicanas y mexicanos obtuvieron la visa TN en 2022, lo que sugiere que el impacto será significativo, especialmente en sectores tecnológicos y de servicios especializados.
Expertos en migración han advertido que estas nuevas disposiciones responden a un contexto de mayor control migratorio impulsado por la administración del presidente Donald Trump, quien ha insistido en revisar la entrada de personas extranjeras bajo acuerdos comerciales.
Este ajuste en la política migratoria estadounidense se da mientras ambos países mantienen tensiones comerciales, derivadas de recientes desacuerdos sobre aranceles e impuestos digitales.