El 25 de julio de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, fueron detenidos en un pequeño aeropuerto de Nuevo México, Estados Unidos.
En ese entonces el que era presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció una operación irregular.
“Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron. Y según la Fiscalía, el Departamento de Justicia (de EUA) llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa“, expuso entonces.
“No es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos”.
Reconocimiento de la embajada
Quien entonces era el representante diplomático de Washington en México, Ken Salazar, reconoció el secuestro de Zambada, señalado de encabezar el cártel de Sinaloa.
“La evidencia que vimos nosotros, cuando llegó él a Santa Teresa, al aeropuerto ahí, es que a “El Mayo” lo habían llevado así contra su voluntad“, apuntó entonces.
No obstante, deslindó a las instituciones de su país de participar en la captura, aunque tampoco detalló cómo las autoridades aéreas de su país permitieron el ingreso de la avioneta en la que viajaban ambos presuntos narcotraficantes.
Acusa traición
“El Mayo” emitió una misiva donde se dijo traicionado por los hijos del Chapo Guzmán, identificados como Los Chapitos.
Zambada aseveró que le prometieron una reunión con Guzmán López, pero terminó en un cuarto oscuro donde lo golpearon y trasladaron en una camioneta para obligarlo a abordar la aeronave en la que ingresó a Estados Unidos.
El 14 de enero se celebró su tercer audiencia, ante la Corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, donde se indicó que podría dictársele inclusive pena de muerte.
Precedentes peligrosos
Además, consideró que el caso es un mal precedente, porque abriría la puerta a que en el futuro cualquier mexicano pueda ser trasladado ilegalmente.
Once Noticias tuvo acceso a la solicitud de respaldo que Zambada dirigió al Consulado General de México en Nueva York.
“Esta solicitud resulta, a su vez, en una obligación del Estado mexicano de intervenir y hacer valer y respetar no sólo los derechos humanos consagrados y reconocidos a mi persona por la Constitución Política de los Estados unidos mexicanos, sino que debe intervenir”, señala el documento.
“A fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fue puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América”.
Además, invocó al Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos, suscrito entre ambas naciones. También demandó a México apelar para que Estados Unidos no le imponga pena de muerte, mientras se tramita su repatriación.
Enrique Camarena y la DEA
“El Mayo” recordó el caso del médico Humberto Álvarez Machaín, secuestrado en México y llevado a Estados Unidos por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de ese país, acusado de participar en el asesinato del elemento antidrogas Enrique Camarena.
En aquel caso, un juez estadounidense determinó ausencia de pruebas contra Álvarez Machaín, quien fue repatriado.
Así, Zambada solicita una presentación formal de recursos mexicanos ante Estados Unidos, además de la activación de los mecanismos de resolución de disputas internacionales.
También señala tratados y convenciones del derecho internacional violadas por las fuerzas estadounidenses durante su traslado, incluida la Convención de Viena.
“La falta de acción por parte del Estado mexicano constituiría un abandono de sus obligaciones jurídicas y diplomáticas”, defiende.
“Sentando un precedente peligroso que permitiría a otros países vulnerar los derechos de los ciudadanos mexicanos sin consecuencia alguna”.