Internacional

España investiga a empresas por apagón masivo

El Gobierno español investiga a Iberdrola, Endesa y otras por su posible responsabilidad en el apagón del 26 de abril.

España enfrenta no solo tarifas eléctricas disparadas, sino también la incertidumbre generada por el apagón masivo del 26 de abril, que afectó a casi 60 millones de personas en España, Portugal y el sur de Francia.

El hecho ha puesto en entredicho el sistema energético basado en concesiones a empresas privadas, actualmente bajo investigación gubernamental.

Las compañías Iberdrola, Naturgy, Endesa, EDP y Repsol están siendo señaladas por su posible responsabilidad en el incidente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue tajante:

“El gobierno de España va a llegar hasta el fondo de este asunto y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Vamos a exigir responsabilidades a los operadores privados”, declaró en conferencia.

Tarifas impagables, servicio incierto

Entre 2018 y 2021, las tarifas de electricidad en España se incrementaron hasta un 500%, una situación que ha generado un impacto social devastador.

Miles de familias dependen hoy de comedores comunitarios al no poder cocinar en sus hogares, o realizan sus tareas domésticas durante la madrugada, cuando la luz es más barata.

Según expertos, el caso español demuestra que la privatización del sector eléctrico no garantiza eficiencia ni estabilidad.

Un ejemplo similar ocurrió en 2003 en Estados Unidos, donde un apagón dejó sin energía a 50 millones de personas debido a falta de mantenimiento por parte de compañías privadas.

Investigación abierta y sin resultados aún

Aún se desconoce el origen del apagón histórico. El órgano regulador de energía español lleva a cabo una investigación que podría tardar meses, dada la complejidad y la necesidad de revisar a múltiples actores del mercado.

“Se están examinando ya los registros informáticos de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis”, aseguró Sánchez.

A pesar del caos, las empresas no han ofrecido compensaciones a los afectados, y según diversas organizaciones civiles, estarían usando su poder económico y político para evadir sanciones y deslindarse de la responsabilidad.

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