Organizaciones civiles internacionales denunciaron que el Estado de Colombia ha incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con respecto a las protestas que se viven en el país, desde abril pasado, así como a las violaciones a los derechos humanos. Durante la audiencia convocada por la CIDH, 25 organizaciones civiles colombianas y regionales precisaron que no se puso en marcha el ‘Mecanismo de Seguimiento’; éste se anunció en el párrafo 187 del informe presentado por la Comisión, en julio de este año. Se trata de las recomendaciones que se hicieron para monitorear y “consolidar de la paz en los diversos sectores de la sociedad”. En total son 41 recomendaciones. Entre ellas, indica que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta, adoptar medidas para prevenir y eliminar situaciones discriminatorias –que perpetúen la estigmatización, prejuicios o criminalización contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género o situación migratoria–. También sobresale la prohibición del uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. Las organizaciones consideraron que la visita de la CIDH en el país fue un paso importante para visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos, sin embargo, denunciaron que desde agosto hasta la actualidad:
las dinámicas de violencia policial en contra de manifestaciones pacíficas se han mantenido. De igual manera, el Estado mantuvo la criminalización y judicialización de liderazgos sociales y comunitarios, la estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos y las agresiones desproporcionadas por parte del ESMAD”.Mientras tanto, el Estado colombiano dijo estar comprometido con la garantía de los derechos humanos; aunque, el representante del Estado, Carlos Arturo Morales, señaló que “el Mecanismo de Seguimiento no resulta un método pertinente para el Estado Colombiano”. Las protestas en Colombia comenzaron el 28 de abril de este año, denominado Paro Nacional, en respuesta al proyecto de reforma tributaria (“Ley de Solidaridad Sostenible”) presentado por el gobierno al Congreso el 15 de abril. Posteriormente se dio a conocer el proyecto de reforma la prestación de servicios de salud dentro del Sistema General de Seguridad Social (Proyecto de Ley No. 010). Ambas iniciativas generaron un profundo descontento social y fueron retiradas los primeros días de mayo del debate parlamentario. Sin embargo, las protestas han continuado debido a la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones, afirma la CIDH, en sus observaciones.