El Estado de derecho se deteriora en Nicaragua, advirtió la ONU este jueves, reclamando una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean “libres, justas y transparentes”.
Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, declaró la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de derechos humanos, en Ginebra.
“La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, agregó.
Nicaragua atraviesa desde 2018 una grave crisis política. En el poder desde 2007 y acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que ya dirigió el país de 1985 a 1990, podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo.
Sin embargo, Wendy Carolina Morales, procuradora general de Nicaragua, indicó que el el gobierno expresa su no aceptación y rechazo absoluto del informe, al que tacha de “injerencista”, por considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad, en una nota enviada al Alto Comisionado de la ONU.
En diciembre, el Parlamento aprobó una controvertida ley que aparta de las elecciones generales de 2021 a quienes promuevan las sanciones extranjeras contra Nicaragua, en clara alusión a la oposición.
En su informe, Bachelet reclamó la adopción urgente de reformas electorales “que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes” en el marco de un diálogo con las fuerzas opositoras.
Asimismo, la alta comisionada instó a las autoridades a “poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno”.
La responsable también lamentó que el gobierno no haya reconocido la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias cometidas desde abril de 2018, y explicó que la impunidad condujo a la reiteración de violaciones de derechos humanos.