En Estados Unidos, 25 estados de la Unión Americana demandaron a la administración de Donald Trump por haber impuesto aranceles a productos de 60 países, al considerar que la medida es ilegal.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York por las fiscalías de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, todos ellos estados gobernados por demócratas.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos justificó la medida con base en la Ley de Comercio de 1974, sobre presunto uso de mano de trabajo forzada por otros países.
The United States is the only country in the world that effectively prohibits imports made with forced labor.
— United States Trade Representative (@USTradeRep) July 28, 2026
President Trump is using tariffs to eradicate forced labor in global supply chains and establish a level playing field for American workers. pic.twitter.com/5G69fnPuyi
Los estados demandantes argumentaron que el representante comercial no demuestra de qué manera las prácticas de cada país restringen el comercio internacional de Estados Unidos.
Además, aseguraron que ese argumento no puede utilizarse como fundamento para mantener los aranceles.
“Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acción judicial llega después de impugnaciones previas de pequeñas empresas estadounidenses y de varios reveses legales sufridos por Trump.
¿Cómo son los nuevos aranceles?
El 24 de julio, la administración Trump impuso nuevos aranceles del 10% y del 12.5% a 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea.
La justificación oficial, según la administración, fue que esos países no hacían lo suficiente para frenar la exportación de productos fabricados con trabajo forzoso.