En Estados Unidos, el Departamento de Justicia investiga un fraude por mil 200 millones de dólares del presupuesto federal en el sector de salud.
Hasta ahora han sido acusadas 36 personas de desviar esa cantidad, bajo la facturación de pruebas genéticas cardiovasculares fraudulentas.
El procedimiento fue que las empresas de tratamientos a distancia o “telemedicina” acordaban con distintos médicos la realizar pruebas y vender materiales médicos muy costosos, aunque los pacientes no las requerían.
En ocasiones, mantenían una breve conversación telefónica con ellos o ni siquiera interactuaban con los defraudados.
En repetidas ocasiones, los resultados de los exámenes y materiales médicos encargados no llegaban a los pacientes o carecían de valor para otros médicos.