Estados Unidos anunció este martes que ha pedido el primer panel laboral bajo el Tratado entre México, EUA y Canadá (T-MEC) para revisar si se les niegan derechos a los trabajadores de la mina San Martín -en el estado de Zacatecas- propiedad del Grupo México.
A mediados de junio, Estados Unidos pidió al gobierno mexicano que revisara la situación. Era la undécima vez que invocaba formalmente el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
Normalmente los dos países llegan a un acuerdo pero esta vez no ha sido así, por ello el gobierno del presidente Joe Biden pidió la conformación de un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
“Estados Unidos ha determinado que es apropiado solicitar un panel para verificar si las leyes laborales mexicanas se cumplen en la instalación y si se ha producido una negación de derechos”, informó la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado.
Washington expuso que el pasado 15 de mayo recibió una queja de la mayor central obrera de EUA y Canadá (la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales), del sindicato United Steelworkers y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, conocido como Los Mineros.
Se quejan de que la compañía violó el derecho de los mineros a representar a los trabajadores en la negociación colectiva y que contrató a personal para reemplazar a los empleados en huelga, pese a que la legislación mexicana lo prohíbe.
“Aunque siempre estamos abiertos a colaborar con México para encontrar una solución, nuestra prioridad es obtener resultados significativos para los trabajadores”, sostuvo la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, citada en el comunicado.
En la misma nota, la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales, Thea Lee, insiste en que Washington espera “trabajar estrechamente con el gobierno mexicano para resolver este complejo asunto”.
Bajo circunstancias específicas, el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida permite que Washington tome medidas coercitivas cuando una compañía de México que exporta a Estados Unidos incumpla las leyes nacionales de libertad sindical y negociación colectiva.