Estados Unidos anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno del mandatario Nicolás Maduro para “la repatriación directa” de venezolanos a su país.
El presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de 2024, se ve sometido a una fuerte presión, no sólo de los republicanos, que le acusan de haber causado una crisis migratoria en la frontera con México, sino también de algunos demócratas al frente de ciudades desbordadas por la llegada de migrantes.
De acuerdo con datos oficiales, la Patrulla Fronteriza ha interceptado a venezolanos más de 100 mil veces en la frontera con México desde mayo hasta finales de agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior la cifra fue de alrededor de 43 mil.
Ante este panorama, Biden ofreció amparo migratorio a 472 mil venezolanos durante 18 meses para que puedan obtener permiso de residencia y trabajo. Pero solo se aplica a los que llegaron al país antes del 31 de julio de 2023.
Aquellos que llegaron después de esa fecha y no tienen “una base legal” para permanecer en Estados Unidos serán expulsados.
“Estados Unidos reanudará las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, afirma el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado, que asegura que “las autoridades de Venezuela” han dado su visto bueno.
En un comunicado, el Gobierno de Maduro confirma el acuerdo que permite “la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa ‘Vuelta a la Patria'”.
La deportación comenzará “rápidamente”, afirmó un funcionario estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica.
“Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días”, dijo, especificando que todas ellas “no han podido demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”.
El Gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si Maduro y la oposición alcanzan acuerdos para las elecciones previstas el próximo año.
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