Un tribunal penal de Guatemala condenó este miércoles al expresidente Otto Pérez, un general retirado, a 16 años de prisión inconmutables por un fraude en las aduanas que lo obligó a renunciar en 2015, tres años después de asumir el poder.
Otto Pérez “es penalmente responsable en concurso real de los delitos: autor del delito de asociación ilícita y por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera“, dijo la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B de la capital, Irma Jeannette Valdés, al leer la sentencia.
A cada delito se le impuso una pena de ocho años de cárcel, para sumar 16 años en total, más un millón de dólares de multa. Una sentencia idéntica recibió su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, también acusada de encabezar el fraude.
Ambos fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.
“El tribunal no duda en ningún momento que existió algún tipo de incremento patrimonial ilícito”, explicó la jueza vocal Katty Sarceño, que no obstante admitió que la Fiscalía no lo pudo probar.
Pérez, de 72 años, renunció al cargo y fue encarcelado el 3 de setiembre de 2015 tras masivas manifestaciones.
El caso que involucra a Pérez, conocido como “La línea“, consistía en un sistema de evasión fiscal en las aduanas. Fue destapado por la Fiscalía con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de las Naciones Unidas que apoyó el combate de estructuras criminales dentro del Estado.
El exmandatario, vestido con un traje azul oscuro y camisa celeste con corbata del mismo color, aseguró antes del fallo que estaba con “fe y esperanza” de que saldría absuelto de las acusaciones que lo llevaron a renunciar cuatro meses antes de entregar la presidencia.
Sin embargo, la decisión del tribunal le cambió el semblante. “Yo verdaderamente me siento frustrado, me siento decepcionado”, dijo Pérez a periodistas.
“¿Qué sentido tiene que defraude al Estado si no pudieron comprobar el enriquecimiento ilícito? ¿Entonces el dinero dónde está?”, cuestionó molesto, y agregó que apelará el fallo.
Según la investigación, el monto por las coimas recibidas por la estructura ascendió a unos 3.5 millones de dólares, mientras que el monto defraudado al Estado por la evasión de impuestos llegó a casi 10 millones de dólares durante la operación detectada entre 2013 y 2015.