El expresidente Pedro Castillo fue trasladado en helicóptero al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, donde permanece detenido luego de ser destituido por su fallido intento de disolver el parlamento, informaron medios de prensa la noche del miércoles. En el penal quedaría recluido por un máximo de 15 días bajo investigación fiscal.
En simultáneo, la fiscalía ingresó la noche del miércoles a la sede de palacio de gobierno y ministerios para allanar el despacho presidencial en busca de más pruebas de las investigaciones por corrupción.
En el mismo sentido, la Procuraduría General del Estado de Perú expresó vía redes sociales que el procurador General del Estado, Daniel Soria, presentó denuncia penal ante la Fiscal de la Nación contra el ciudadano Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de sedición, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Destitución de Castillo
El Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo por “incapacidad moral” y juramentó en su lugar a la vicepresidenta, Dina Boluarte , en una catarata de dramáticos anuncios en este país que padece de inestabilidad política crónica.
Castillo empezó la jornada como presidente y la terminó lejos del poder, detenido en la Prefectura de Lima por el delito de rebelión tras un intento fallido de disolver el parlamento.
Horas antes de que el Congreso debatiera su tercer intento para sacarlo del poder en 16 meses, Castillo anunció que era blanco de “un ataque sin cuartel” por parte del parlamento y anunció su disolución, un toque de queda y dijo que gobernaría por decreto.
Sin embargo, las fuerzas armadas y la policía no lo apoyaron, el Congreso ignoró su decisión y procedió a destituirlo.
Asedio del Congreso
Desde que asumió la presidencia en julio de 2021, Castillo vivió bajo el asedio del Congreso y la fiscalía, que lo acusa de dirigir una presunta “organización criminal” que reparte contratos públicos a cambio de dinero.
La destitución del izquierdista, que tenía una rechazo de 70% según sondeos recientes, fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas.
Tras la destitución, el portavoz del departamento de Estado estadounidense, Ned Price, calificó rápidamente a Castillo de “expresidente” y estimó que los congresistas peruanos tomaron “medidas correctivas” de acuerdo con las reglas democráticas.
Autogolpe
Tras el mensaje de Castillo a la nación, la entonces vicepresidenta Boluarte, altos funcionarios y analistas denunciaron un golpe de Estado.
“Hoy se ha dado un golpe de Estado al mejor estilo del siglo XX. Es un golpe destinado al fracaso, el Perú quiere vivir en democracia. Este golpe de Estado no tiene ningún fundamento jurídico”, dijo a la radio RPP el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.
La fiscal de la nación, Patricia Benavides, señaló su “rechazo de manera enfática” a “todo quebrantamiento del orden constitucional”.
Para el analista político Augusto Álvarez, no hay duda de que es “un autogolpe”.
“El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. Ha violado el artículo 117 de la Constitución de Perú y ha pasado a la ilegalidad. Esto es un autogolpe”, dijo a la AFP.
Varios cientos de manifestantes a favor y en contra del presidente se concentraron frente al Parlamento.
Ola de renuncias
Tras el anuncio de disolución del Congreso, varios ministros y funcionarios de organismos internacionales anunciaron su renuncia al cargo en las redes sociales y en declaraciones a la prensa.
El embajador de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth Mejía, anunció en Washington su dimisión debido a “la ruptura del orden constitucional”.
“A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores”, dijo a la misma radio el expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016).
El anuncio de Castillo tiene lugar poco más de 30 años después del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992.
Procesos similares en el Congreso forzaron la caída de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Fujimori fue destituido por el Congreso en noviembre de 2000.