Un grupo de supervivientes del tiroteo de Uvalde, Texas, han exigido 27 mil millones de dólares a la policía de la localidad, al distrito escolar y a varios funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, informaron este jueves 01 de diciembre varios medios estadounidenses.
La denuncia fue interpuesta el martes ante un juzgado de Austin, Texas, por familiares de las víctimas, profesores y trabajadores del colegio que el pasado 24 de mayo sufrió el ataque de un joven armado con un fusil semiautomático, en el que murieron 19 estudiantes y dos profesores.
Al suceso respondieron 376 agentes de las fuerzas del orden, pero esperaron 77 minutos antes de entrar en el edificio donde el atacante masacraba a los alumnos.
Según la demanda, los afectados “sufrieron daños emocionales y psicológicos como consecuencia de la conducta y las omisiones” de las fuerzas del orden involucradas en la respuesta.
El de Uvalde fue uno de los tiroteos escolares más sangrientos en Estados Unidos, un país que ha registrado más de dos mil desde 1970, de acuerdo a la ONG Sandy Hook Promise, fundada por supervivientes de la masacre escolar de Sandy Hook.
A raíz de la tragedia, el Congreso estadounidense, muy dividido entre demócratas y republicanos, logró sacar adelante un paquete de mínimos para limitar el acceso a las armas de fuego.
El jefe interino de la Policía de Uvalde, Texas, Mariano Pargas, será despedido tras revelarse que el oficial sabía que aún había niños con vida en la Escuela Primaria Robb durante la matanza del pasado 24 de mayo, pero que los agentes se demoraron en ingresar al plantel, dijo el alcalde de la ciudad, Don McLaughlin.
En una entrevista, McLaughlin comentó que el teniente Pargas se irá de su puesto para el fin de semana, si no antes, tras la nueva polémica sobre el tiroteo que se saldó con la muerte de 19 niños y dos maestras.
Despidos tras las investigaciones
El despido se da luego de que CNN revelara una grabación en la que se escucha cómo los agentes informan por radio a Pargas, que ese día actuaba de jefe policial en funciones, que en el aula en la que estaba atrincherado el autor del tiroteo, Salvador Ramos, aún había ocho o nueve niños con vida, y que una niña había logrado comunicarse con la policía desde el interior del salón.
Pese a ello, las fuerzas de seguridad tardaron más de una hora en entrar al aula, una actuación que ha sido duramente criticada y que ha costado el cargo a varios de los responsables.
En otra grabación de audio, divulgada el pasado 20 de octubre, se escucha al capitán Joel Betancourt, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ordenar a sus subalternos esperar para entrar al aula porque pensaba que un equipo más preparado estaba en camino, pese a que ya había pasado más de una hora desde la primera alerta por el tiroteo y el autor seguía atrincherado con alumnos y maestras.
Después de varios despidos y de la suspensión de todos los guardias de seguridad en la escuela, el pasado 11 de octubre dimitió el superintendente de la Junta Escolar de Uvalde, Hal Harrell, quien llevaba 31 años en el cargo.
Ola de críticas
La matanza desató una ola de críticas por la falta de acción y de coordinación de la Policía Escolar, los agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas y los otros agentes que respondieron al tiroteo.
El jefe de la Policía Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, fue despedido en agosto pasado. Harrell había pedido a la junta su despido.
Las autoridades escolares también despidieron a la policía escolar Crimson Elizondo después de que CNN revelara que la agente había sido parte de los oficiales del DPS que respondieron al tiroteo que desató Ramos, de 18 años.
Elizondo abandonó el DPS en el verano y se integró en el grupo de 10 nuevos oficiales contratados por el distrito escolar para velar por la seguridad de los niños en las escuelas de Uvalde tras la masacre del 24 de mayo.
La cámara corporal que Elizondo usaba el día del tiroteo la captó diciendo: “si mi hijo hubiera estado allí, yo no habría estado afuera. Te lo prometo”.
Según una investigación de la Cámara de Representantes de Texas, 376 agentes de diversas agencias de la ley respondieron al tiroteo antes de que mataran al atacante.