El fiscal federal del juicio a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó una condena a 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a una empresario allegado.
Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno (2007-2015), el fiscal Diego Luciani dijo que “estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La Fiscalía calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares.
Por su parte, la exmandataria negó los cargos y manifestó a través de sus redes sociales que no está ante un Tribunal de la Constitución, sino “ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial”.
Este es el primer pedido de condena contra la expresidenta en la docena de causas judiciales por diversos delitos que se iniciaron en su contra, algunas de las cuales fueron cerrados y otras se encuentran bajo investigación.
Sentencia también para el empresario Lázaro Báez
Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de haber liderado una asociación delictiva que benefició con unas 51 obras viales -muchas de ellas no terminadas- al empresario Lázaro Báez en la provincia sureña de Santa Cruz, así como de fraude en perjuicio de la administración pública.
Según la Fiscalía, la empresa Austral Construcciones que encabezaba Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones y cuando concluyó el mandato de Fernández la empresa desapareció.
Otras 12 personas están imputadas, entre ellas, varios exfuncionarios y Báez. El fiscal pidió 12 años de prisión contra el empresario y 10 años para el exministro responsable de las obras públicas, Julio De Vido.