Un nuevo bloque legal se sumó contra las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Se trata de fiscales generales de 20 estados demócratas y el distrito de Columbia, que interpusieron una demanda contra su gobierno, por condicionar el recurso federal dirigido a víctimas de delitos, a que dichos estados colaboren con operativos migratorios.
La demanda del conjunto de fiscales fue presentada en la corte de distrito de Rhode Island e implica un esfuerzo para detener una política que, de acuerdo con los propios demandantes, impone nuevos criterios de elegibilidad sobre la distribución de subvenciones y viola disposiciones legales por sobrepasar las facultades del presidente Trump.
La demanda solicita que esas condiciones sean anuladas, argumentando que la administración y la agencia se están extralimitando en su autoridad constitucional y administrativa.
“Envié 33 cartas a alcaldes en todo Estados Unidos, creo que tres o cuatro de ellas fueron únicamente en California. Envié cartas a todos esos alcaldes y a los gobernadores diciendo: ‘deben cumplir’. Queremos saber qué están haciendo para cumplir con nuestro gobierno federal”, indicó Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos.