Las autoridades brasileñas están recogiendo las piezas e investigando después de que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial y luego destrozaron las principales sedes de poder del país.
Los manifestantes buscaban la intervención militar para restaurar el poder de Bolsonaro de extrema derecha o expulsar al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién inaugurado en el poder, en escenas de caos y destrucción que recuerdan la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Daños que equivalen a terrorismo y golpismo
El domingo, los alborotadores, que vestían el verde y amarillo de la bandera nacional, rompieron ventanas, derribaron muebles, arrojaron computadoras e impresoras al suelo.
Perforaron una enorme pintura de Emiliano Di Cavalcanti en cinco lugares, volcaron la mesa en forma de U en la que se reúnen los jueces de la Corte Suprema, arrancaron la puerta de la oficina de un juez y destrozaron una estatua icónica fuera de la Corte.
Así, los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.
En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil dijo que los edificios serían inspeccionados en busca de pruebas, incluidas huellas dactilares e imágenes, para pedir cuentas a las personas y que los manifestantes aparentemente tenían la intención de provocar acciones similares en todo el país.
Asimismo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y golpismo y que las autoridades comenzaron a rastrear a quienes pagaron los autobuses que transportaron a los manifestantes a la capital.
“No lograrán destruir la democracia brasileña. Necesitamos decir eso plenamente, con toda firmeza y convicción. No aceptaremos el camino de la criminalidad para realizar luchas políticas en Brasil. Un criminal es tratado como un criminal “, dijo Dino.
Hasta el momento, 300 personas han sido detenidas, indicó la policía civil del distrito federal en Twitter.
Bolsonaro contra votación electrónica
Por otra parte, en los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estaba nervioso, receloso de cualquier vía que pudiera seguir para aferrarse al poder.
Bolsonaro había estado alimentando la creencia entre sus partidarios incondicionales de que el sistema de votación electrónica era propenso al fraude , aunque nunca presentó ninguna evidencia.
Mientras tanto, su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, sostuvo varias reuniones con el expresidente estadounidense Donald Trump, el antiguo aliado de Trump, Steve Bannon, y su principal asesor de campaña, Jason Miller.
Los resultados de las elecciones de Brasil, las más reñidas en más de tres décadas, fueron reconocidos rápidamente por políticos de todo el espectro, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, así como por docenas de Gobiernos.
Bolsonaro sorprendió a casi todos al desaparecer rápidamente de la vista. No admitió la derrota ni criticó enfáticamente el fraude, aunque él y su partido presentaron una solicitud para anular millones de votos que fue rápidamente desestimada.
Seguridad
Los brasileños han utilizado el voto electrónico desde 1996. Los expertos en seguridad electoral consideran que estos sistemas son menos seguros que las boletas de papel marcadas a mano porque no dejan rastro auditable en papel.
Sin embargo, el sistema de Brasil es examinado de cerca y las autoridades nacionales y los observadores internacionales nunca han encontrado evidencia de que se esté explotando para cometer fraude.
Aún así, los partidarios de Bolsonaro se negaron a aceptar los resultados. Bloquearon carreteras y acamparon frente a edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir.
Las protestas fueron abrumadoramente pacíficas, pero las amenazas aisladas de terrorismo, incluida una bomba encontrada en un camión de combustible que se dirigía al aeropuerto de Brasilia, habían generado preocupaciones de seguridad.
Dos días antes de la toma de posesión de Lula el pasado 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló temporalmente en Orlando. Muchos brasileños expresaron alivio porque, si bien se negó a participar en la transición de poder, su ausencia permitió que ocurriera sin incidentes. Así había sido, hasta los estragos del domingo.
“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, se copia claramente del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia.
Acusaciones
Ante esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuiteó que los disturbios fueron un asalto a la democracia y a la transferencia pacífica del poder en Brasil, y que esperaba seguir trabajando con Lula.
En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado para que el Gobierno Federal asuma el control de la seguridad en el distrito federal.
Dijo que los llamados “fanáticos fascistas“, así como quienes financiaron sus actividades, deben ser castigados y también acusó a Bolsonaro de alentar su levantamiento.
Bolsonaro repudió la acusación del presidente el domingo por la noche. Dijo que la protesta pacífica es parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos son “excepciones a la regla“. No hizo mención específica de las acciones de los manifestantes en Brasilia.
Evidentemente es el mentor intelectual de lo que está pasando, por lo que no puede desvincularse de ello. Estos grupos los creó él, por el radicalismo que impuso en la política. No hay manera de deshacer eso. Parece que su grupo ya cruzó el Rubicón comentó Mario Sérgio Lima, analista político de Medley Advisors.
Presencia limitada de la policía militar
A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios habrían estado trabajando en los principales edificios gubernamentales un domingo y los videos mostraron una presencia limitada de la policía militar de la capital.
Eso llevó a muchos en Brasil a preguntarse si la policía había ignorado abundantes advertencias, subestimado sus habilidades o había sido cómplice de alguna manera.
Un video mostraba a un grupo de manifestantes abriéndose paso a través de una barricada policial con lucha limitada y solo unos pocos oficiales desplegando gas pimienta. Otro mostró a los oficiales esperando mientras los manifestantes irrumpían en el Congreso, incluido uno que grababa imágenes en su teléfono.
Esto fue un craso error del Gobierno del Distrito Federal. Era una tragedia anunciada. Todos sabían que ellos los manifestantes venían a Brasilia. La expectativa era que el gobierno del Distrito Federal montara una respuesta para proteger la capital. Ellos no hicieron nada de eso señaló Thiago de Aragão, director de estrategia de la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice.
Lula dijo en su conferencia de prensa que hubo “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.
Por su parte, el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había despedido al jefe de Seguridad Pública de la capital, Anderson Torres.
Medios locales informaron que Torres está en Orlando de vacaciones y que negó haberse reunido allí con Bolsonaro.
“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump continúa envenenando nuestro hemisferio. Proteger la democracia y hacer que los actores maliciosos rindan cuentas es esencial “, tuiteó el senador estadounidense Bob Menéndez, quien preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.