El Gobierno de Guatemala denunció al expresidente Alejandro Giammattei por “abuso de autoridad” y “tráfico de influencias” en un caso de contratación de un funcionario que posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.
La denuncia es la primera que presenta la administración de César Bernardo Arévalo de León, en el poder desde enero, contra el exmandatario derechista Giammattei (2020-2024).
“Se ha decidido poner una denuncia contra el expresidente por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes”, anunció el jefe de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia ( Segeplan), Carlos Mendoza.
Mendoza aseguró que Giammattei avaló en enero de 2021 la contratación de Melvin Quijivix, sancionado dos años después en Washington por corrupción, como asesor en Segeplan, cargo que nunca llegó a ejercer, según el Gobierno.
Quijivix fue designado representante de la entidad ante la directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que luego llegó a presidir.
“A mediados de enero, fue destituido y al pedir su indemnización cobró unos 103 mil dólares en salarios y prestaciones por un servicio que nunca prestó en Segeplan”, explicó Mendoza.
Acusó el funcionario que dicha plaza fue creada a la medida como llave maestra para acceder al INDE, donde Quijivix realizó varios actos de corrupción y nepotismo.
Giammattei, quien fue sancionado en Estados Unidos por “corrupto” pocos días después de dejar la presidencia, goza de inmunidad hasta 2028 como actual diputado del Parlamento Centroamericano.
En la denuncia, el Gobierno de Arévalo también pedirá que se investigue a la extitular de Segeplan, Keila Gramajo, y Quijivix por tráfico de influencias y fraude, entre otros cargos.
“Se trata de una captura institucional porque la corrupción fue realizada de manera sistemática y planificada”, agregó Julio Flores, director de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, instancia creada por el gobierno en febrero.
El presidente trata de destituir a la fiscal general del país, Consuelo Porras, aunque necesita del apoyo del Congreso para conseguirlo. La fiscal está sancionada, también acusada de corrupción por Washington.