El Gobierno de Nicaragua canceló el lunes la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales (ONGs), y confiscó los bienes de 12 de ellas, con lo que suman unas 3 mil 500 cerradas desde que iniciaron las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega.
Una resolución del Ministerio de Gobernación ordenó el cierre de 12 ONGs porque “han incumplido sus obligaciones de ley al no reportar sus finanzas, y sus bienes pasarán a manos del Estado”, según el diario “La Gaceta”.
El Gobierno también canceló la personalidad jurídica y registro de otras 13 organizaciones que solicitaron la “disolución voluntaria”, en algunos casos por haber concluido sus proyectos y en otros por dificultades económicas o falta de fondos. Sus bienes no fueron incautados.
En la lista de las 12 ONGs cuyos bienes fueron confiscados figuran organismos religiosos católicos y protestantes, así como otros de atención a población como una asociación de mujeres discapacitadas.
Nicaragua endureció las leyes sobre las ONGs tras las protestas de 2018, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Entre los miles de organismos clausurados hay varios ligados a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos en octubre y la Compañía de Jesús en agosto, tras confiscar la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de las protestas. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
El Gobierno, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, asegura que algunas ONGs financiaron las protestas de 2018 con el fin de derrocar a Ortega.
Miles de nicaragüenses han salido al exilio. Un total de 222 opositores presos fueron expulsados del país en febrero pasado y privados de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.