El gobierno de Nicaragua quitó atribuciones legales y confiscó bienes a la orden de los Frailes Menores Franciscanos y a 16 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), algunas ligadas a iglesias católicas y evangélicas, tras argumentar que no reportaron el origen de su financiamiento.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, la orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís, así como 16 asociaciones y fundaciones incumplieron leyes sobre el reporte de sus estados financieros, juntas directivas, detalle de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes.
La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de los organismos cancelados pasarán a manos del Estado de conformidad con ley.
Nicaragua ha cerrado más de 3 mil organizaciones desde que endureció las leyes tras las protestas realizadas en 2018 contra el presidente Daniel Ortega, que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dejaron más de 300 muertos.
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de esas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.
Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación, pero aún permanece en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico del gobierno, condenado en febrero a más de 26 años de cárcel bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.