El Gobierno peruano decretó este martes un toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur, epicentro de violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte, que han dejado al menos 18 muertos desde el lunes, anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola.
Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana anunció ante el pleno del Congreso.
Así, las protestas contra el Gobierno de la presidenta sustituta ya cobraron en total la vida de 45 personas, a un mes de que tomó el poder, tras la destitución de Pedro Castillo. Tan sólo el lunes pasado 17 personas murieron en las manifestación.
Las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, detalló un responsable sanitario del Hospital Carlos Monge, adonde fueron trasladadas, en declaraciones al canal N de televisión.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
Perú prohíbe la entrada a Evo Morales
Mientras el país está sumido en una grave crisis institucional y política con manifestaciones y bloqueos de rutas, el Gobierno de Boluarte prohibió el lunes, hasta nuevo aviso, el ingreso a Perú del exmandatario boliviano Evo Morales por “intervenir” en los asuntos de política interna del país.
Se dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma indicó el Ministerio del Interior.
Morales, que presidió Bolivia entre 2006 y 2019, ha tenido una presencia activa en la política peruana desde que el exmandatario izquierdista Castillo llegó al poder en julio de 2021 hasta su destitución el pasado 7 de diciembre. En noviembre visitó Puno.
Castillo fue destituido tras un fallido golpe de estado y cumple 18 meses de prisión dictada por un juez acusado de rebelión.