En Paraguay, la reforma aprobada el jueves, que castiga con diez años de prisión la invasión de tierras, intensificó las protestas de grupos indígenas que se enfrentaron con policías frente al Congreso.
El gobierno de Mario Abdo Benítez argumenta que la normativa no tiene dedicatoria contra las etnias originaras y que, por el contrario, obligará a las autoridades a normalizar la propiedad de la tierra.
Las autoridades ofrecieron regularización y titulación de las superficies ancestrales, traspasándolas a nombre de las comunidades indígenas.
Tras dos días de enfrentamientos, suman decenas de indígenas y policías heridos.
Actualmente hay más de 900 casos de invasiones a la propiedad privada a nivel país y el 50% se da en zonas urbanas. Hay ocupaciones de comunidades indígenas e inmuebles de pequeños productores”, precisó el legislador, Fidel Zavala.
Este flagelo es un negocio de políticos, jueces, fiscales y campesinos. Lo que se busca es el respeto a la Constitución”, agregó.