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Guatemala enfrenta retos en la protección de los derechos humanos

FOTO: AFP

Se acercan elecciones en Guatemala. Será el próximo 25 de junio que el pueblo guatemalteco elegirá a su próximo presidente, así como a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

El panorama de los derechos humanos se ha puesto de relieve luego de algunos sucesos que han sido considerados como golpes a la democracia.

El más reciente es el del periodista, José Rubén Zamora, fundador del diario el Periódico en Guatemala, quien fue condenado a 6 años de prisión, acusado por lavado de dinero, pero Zamora ha sido un fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei –representante de la ultraderecha conservadora–.

Asimismo, periodistas, defensores del territorio y de derechos humanos han sido exiliados y han denunciado que en su país se les criminaliza.

Ese ha sido el caso de la comunicadora Lucía Ixchiu, comunicadora indígena y activista, vive en el exilio desde el año pasado ya que fue hostigada y acosada, pero no sólo eso. El año pasado su hermana fue víctima de un intento de homicidio y la comunicadora fue agredida cuando documentaba la tala ilegal en un bosque del departamento de Totonicapán, que se ubica en el suroccidente de Guatemala.

En entrevista con Once Noticias sostuvo que en su país de origen se vive una situación difícil y amenazante para el oficio periodístico dado que prevalece la criminalización, persecución e impunidad. Motivos suficientes que la obligaron a salir en exilio.

Y es que de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en una misión que hicieron diversas organizaciones en mayo, constataron que se ha intensificado un sistema de silenciamiento y restricciones del ejercicio periodístico.

Reporteros sin Fronteras, en su informe sobre Libertad de Prensa de 2020, ubicó a Guatemala en el puesto 116 entre 180 países porque ejercer el periodismo es riesgoso.

Lucía considera que la situación electoral actual preocupa, porque prevalece la incertidumbre, y acusa que en Guatemala se vive una dictadura judicial, porque son las instituciones las que no protegen los derechos humanos, sino que persiguen y criminalizan.

“Creo que el país no había enfrentado una situación con tanta incertidumbre, con tanta maraña legal, creo que importante también es que Guatemala es una dictadura, que viene desencadenándose desde hace muchos años”, señala a Once Noticias.

Con respecto a las elecciones del próximo domingo, asegura que la situación es poco alentadora porque las opciones son limitadas, pese a que son 23 duplas que se lanzaron para presidencia, todas forman parte de la derecha.

Recuerda, además, que la candidata indígena por el Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera, en binomio con Jordan Rodas, exprocurador de derechos humanos, fueron sacados de la contienda electoral por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) desde principios de este año, lo que representan un retroceso para el ejercicio democrático, porque se argumentó que Rodas tenía un pendiente administrativo, pese a que se presentaron las pruebas que permitían su participación en la contienda.

No así con Zury Ríos, por ejemplo, que pese a ser hija del dictador Efraín Ríos Mont (y pese a que la ley dice que no pueden participar los hijos e hijas de un gobernante que haya llegado por golpe de estado a la presidencia) su candidatura a presidencia fue aceptada y lanzada por el partido Valor-Unionista.

“Estamos hablando de la situación política del país retrocediendo a las dictaduras, que ya vivió Guatemala”, denunció Lucía, para recordar que su país tuvo un conflicto armado interno que desangró al país durante 36 años –según estimaciones murieron 200 mil personas, la mayoría población civil– hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, en 1996, entre el Estado Guatemalteco y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

“Creo que esto que se está viviendo tampoco es como algo nuevo que esté viviendo y no solamente es Guatemala sino es la región centroamericana”, dijo.

Esa situación ha hecho que en el contexto de las elecciones haya poca confianza en el TSE, debido a que se limita también el ejercicio de la democracia. Sólo 16% de la población confía en el TSE, de acuerdo con FLIP en su misión en Guatemala:

Jordan Rodas, excandidato a la vicepresidencia y exprocurador de derechos humanos, contó a Once Noticias que ese panorama se suma a la posibilidad de un fraude en las próximas elecciones.

Y es que tal como informó Once Noticias el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también negó la posibilidad de participar a otras dos duplas, representantes también de la derecha, por lo que las opciones del pueblo guatemalteco son limitadas.

Además, el líder conservador, Giammattei ha sido señalado por querer dar continuidad a su proyecto político, por lo que sostiene relación con candidatos y porque busca posicionar su partido en el Congreso, además de que cuando fueron las elecciones de 2019, y llegó a la presidencia, acusaron de fraude porque el sistema de captura “falló”, recordó el exprocurador.

Por esa razón, considera que en Guatemala hay un panorama incierto, porque los derechos políticos están limitados y el régimen actual actúa con respaldo de las fuerzas empresariales, bajo el cobijo de políticos conservadores y del ejército.

Además, igual que Lucía, acusa que no hay libertad de expresión y que la prensa es criminalizada ante cualquier intento de crítica al gobierno.

“Aparte de la limitación de derechos políticos […], estamos ante una libertad de prensa hostigada, criminalizada. Por eso no podemos hablar de una democracia. Ya hablamos de una dictadura, de un régimen autoritario, corporativo, con la participación del sector económico, político conservador y con el respaldo del ejército de Guatemala. Sin duda, el panorama nada alentador”, acusó el exprocurador desde una pequeña sala en una entrevista virtual.

Será este domingo que el pueblo salga a elegir a su próximo presidente o presidenta, aunque el panorama de los derechos humanos es poco alentador, y han ido en detrimento con la administración de su actual presidente Alejandro Giammattei.

Organizaciones internacionales como Human Right Watch han señalado que desde que Giammatei asumió la presidencia, los ataques a la prensa han sido constantes, se ha limitado el acceso a la información y la independencia judicial se ha visto amenazada por la corrupción.

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