Este jueves, Donald Trump Jr y Eric Trump responsabilizaron -ante un tribunal de Nueva York- a los contadores encargados de elaborar los estados financieros de la empresa familiar Organización Trump, que de acuerdo con las autoridades, eran fraudulentos.
Los dos hijos mayores del expresidente Donald Trump fueron los primeros miembros de la familia en testificar en el juicio en el que se acusa a la empresa de inflar el valor de sus activos en miles de millones de dólares, para obtener préstamos bancarios y condiciones de seguros más favorables.
Ambos son vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump, un conglomerado de empresas que gestionan edificios residenciales, rascacielos de oficinas, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.
Don Jr, de 45 años, vestido como su hermano con un traje azul oscuro, corbata azul claro y el pelo engominado peinado hacia atrás, fue el primero en subir al estrado y declaró que, aunque firmaba los estados financieros, confiaba en la pericia de los contables sobre su exactitud.
Su hermano menor Eric, de 39 años, tuvo más dificultades bajo el intenso interrogatorio de Andrew Amer, abogado de la fiscalía general de Nueva York, que lleva el caso.
“Creo que nunca vi ni trabajé en un estado sobre la situación financiera”, dijo Eric Trump al principio.
Luego se vio obligado a retractarse después de que Amer le mostró un correo electrónico de agosto de 2013 en el que un colega le decía a Eric Trump que estaba “trabajando en las notas del estado financiero anual del señor Trump” y le pedía información sobre la situación de los campos de golf.
“Somos una organización inmobiliaria gigantesca”, dijo Eric Trump, levantando la voz y agregó que sí tenían estados financieros.
Eric Trump dijo que confiaba en las empresas de contabilidad que le proporcionaban la información para los prestamistas.
Falta que testifique el expresidente Trump
Se espera que el expresidente Trump testifique el lunes, un año antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024 en las que espera volver a la Casa Blanca.
Será la primera vez que el expresidente, de 77 años, declare públicamente en alguno de los diversos casos civiles y penales que se le acumulan.
La hija del expresidente, Ivanka Trump, que dejó la Organización Trump en 2017 para convertirse en asesora de su padre en la Casa Blanca, no está imputada, pero también ha recibido la orden de declarar, aunque ha recurrido la citación.
Mientras tanto, denuncian persecución política.
Don Jr denunció ante los medios que este caso, incoado por la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, se trata de una “persecución política”. “Los bancos en cuestión ganaron cientos de millones de dólares. No pretenden ser víctimas”, dijo.
“Aparentemente, soy culpable de fraude por confiar en mi contable a la hora de hacer -presten atención- la contabilidad”, dijo.
El juez Arthur Engoron, que preside el caso, ya ha dictaminado que Trump, sus hijos y otros altos ejecutivos de la Organización Trump cometieron fraude. El juicio se celebra para determinar posibles sanciones.
Trump y sus hijos no irán a la cárcel por este caso, pero se enfrentan a multas de hasta 250 millones de dólares y a la posibilidad de ser apartados de la dirección de la empresa familiar.
El apartamento del multimillonario republicano en la Torre Trump de Manhattan se encuentra entre las propiedades que el juez consideró que estaban falsamente sobrevaloradas. En la declaración consta que su superficie es de 2 mil 700 metros cuadrados, cuando en realidad es de mil metros cuadrados.
El multimillonario republicano, no está obligado a asistir al juicio, pero ha acudido en varias ocasiones, en las que aprovecha para presentarse como la víctima de lo que asegura es un complot demócrata para descarrilar su campaña a la Casa Blanca.
Este juicio es solo una de las múltiples batallas judiciales que libra Trump mientras aspira a la presidencia. En marzo, será juzgado en Washington por conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, y en Florida, en mayo, por el manejo indebido de documentos gubernamentales confidenciales. En Georgia está acusado de conspirar para alterar los resultados electorales tras su derrota en 2020 ante Joe Biden.