Finalizó el juicio oral y público que inició el pasado abril contra Roberto David Castillo Mejía, presunto coautor intelectual e intermediario del asesinato de Berta Cáceres, en la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa, Honduras.
Familiares de la activista, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el equipo legal de la causa, el campamento feminista Viva Berta y el mundo, esperan el fallo de la Corte.
En redes sociales, COPINH anunció que ayer comenzó la deliberación del Tribunal para dar un fallo por el juicio de David Castillo.
🔴 #CastilloCulpable| Ayer comenzó la deliberación del tribunal para dar un fallo por el juicio de David Castillo. La familia de #BertaCáceres, el COPINH, el campamento feminista viva Berta, y muchos ojos alrededor del mundo sabemos que #CastilloCulpable#FalloYA pic.twitter.com/d8b11zGIEc
— COPINH (@COPINHHONDURAS) June 29, 2021
Antes del inicio del juicio, COPINH y familiares de Cáceres emitieron un comunicado público en el que se pronunciaron ante el juicio de Castillo.
Los y las denunciantes señalaron que el juicio era el “inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala”. Además, resaltaron que la causa Berta Cáceres debe de ser un precedente de verdad y de reparación para los pueblos indígenas hondureños.
A lo largo de estos meses la COPINH, a través de sus redes sociales, transmitió públicamente el juicio, pese a los distintos obstáculos que se presentaron; en repetidas ocasiones la defensa del imputado solicitó una reprogramación del juicio. Además, el Tribunal negó, en principio, el acceso a observadores y observadoras internacionales de derechos humanos. También negó el ingreso de Laura Zúñiga, hija de Berta, a la audiencia.
El equipo legal de la defensora ha pronunciado que existen pruebas en contra de Castillo Mejía, desde mayo del 2016. Han reclamado que reconocer la responsabilidad del imputado implicaría un avance para continuar con la persecución de los presuntos autores intelectuales, la familia Atala, dueños de la empresa DESA.
Conflicto y asesinato de Cáceres
Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016, en su casa, ubicada en la Esperanza, Honduras. La activista lenca fue cofundadora del COPINH, en 1993. Desde esta organización impulsó la defensa de los territorios y del medio ambiente, al oponerse a la construcción de los proyectos hidroeléctricos en el occidente de su país.
El conflicto medioambiental comenzó en 2014, cuando la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) (propiedad de la familia Atala Zablah, una de las élites políticas y empresariales más poderosas de aquel país, de origen palestino) en colaboración con otras empresas transnacionales como la costarricense Concreto Preesforzado de Centroamérica SA (Copreca), la alemana Voith Hydro Holding, la firma china Sinohydro, y con fondos otorgados por entidades financieras como el Banco Holandés de Desarrollo (FMO), Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), impulsaron un proyecto para construir la hidroeléctrica de Agua Zarca, cuya construcción sobre el Río Gualcarque tendría afectaciones ambientales y socioculturales, ya que es un espacio sagrado para la comunidad indígena lenca.
Como muchos otros proyectos, se presentaron irregularidades, por ejemplo, la comunidad no fue consultada adecuadamente, además sobresalieron actos de corrupción, entre funcionarios públicos y la familia Atala Zablah, para aprobar el proyecto hidroeléctrico.
Berta, a través de la COPINH, impulsó la oposición de este proyecto y logró la salida de la firma china Sinohydro, además del retiro de los fondos del BCIE. Esto último generó incomodidad ya que representó una pérdida de 24.40 millones de dólares (BCIE). Sin embargo, las relaciones entre estos grupos no finalizaron ahí, ya que con el asesinato perpetrado hacia la activista, se destapó la complicidad de la familia Atala Zablah y el ejército hondureño.
En 2015 la activista recibió el Premio Medioambiental Goldman, por su activismo. Un año después fue asesinada, a pesar de que tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras denunciar amenazas.
Un par de años después, siete personas fueron detenidas y condenadas, entre ellas figuró el militar activo, Douglas Bustillo (exjefe de seguridad) y cuatro sicarios. David Castillo (un exmilitar y directivo de DESA) es señalado como presunto intermediario entre la familia y los asesinos.
En 2019, se destapó la red de corrupción conocida como “Fraude sobre el Gualcarque”, en el que sobresalió la acusación a funcionarios y exfuncionarios de instituciones del gobierno que otorgaron permisos y licencias para el proyecto. En la actualidad, la concesión continúa vigente y la familia Atala Zablah, no han enfrentado a la justicia.
El asesinato de la activista lenca se enmarca en un contexto en el que prevalece el asesinato y persecución a defensores y defensoras de los territorios y del medio ambiente. De 2010 a 2016, se registró el asesinato de 123 activistas, incluyendo a Berta. En 2019, Global Witness señaló en su informe anual que sólo en ese año asesinaron a 212 defensores y defensoras del medio ambiente, un promedio de más de 4 personas por semana. Hasta ese año, se registró que los principales países con altos índices de asesinatos documentados de activistas medioambientales, eran: Colombia, Filipinas, Brasil, México y Honduras.
En lo que respecta a Honduras, se convirtió en uno de los países más peligrosos para defensores y activistas mediambientales.