Internacional

Honduras reconoce su responsabilidad en asesinato de Vicky Hernandez, defensora trans

Vicky Hernández, mujer trans, defensora y trabajadora sexual, fue asesinada en las calles de San Pedro Sula durante un golpe militar, en junio de 2009 

Esta semana, el Estado de Honduras reconoció públicamente su responsabilidad en el asesinato de la defensora de derechos humanos, Vicky Hernández, mujer trans y trabajadora sexual, que fue asesinada en las calles de San Pedro Sula durante un golpe militar, en junio de 2009. 

La disculpa fue resultado de que en 2012, la Red Lésbica Cattrachas, presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en nombre de la familia de Vicky Hernández, en la cual plasmaron la responsabilidad del Estado hondureño en el asesinato de la defensora trans. 

Más tarde, la CIDH determinó que la muerte muerte de Vicky Hernández ocurrió en dos contextos relevantes. Por una parte, el contexto de violencia y discriminación contra personas LGBT en Honduras, con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública y, por otra, el contexto del golpe de Estado ocurrido en el año 2009.

En ese sentido, explicó en un documento que existían suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández, debido a los contexto ya explicados, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública y la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido.

Además, apuntó que el asesinato de la defensora estaba relacionado con base en su identidad de género y que el Estado hondureño no investigó adecuadamente, con la debida diligencia y en un plazo razonable los hechos del caso, por lo que presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la cual en marzo de 2021 determinó que Honduras era responsable de la muerte de Vicky Hernández. 

La Corte llegó a la conclusión de que se violó el derecho a la vida, pues la policía hostigó a Hernández horas antes de ser asesinada y concluyó que Honduras violó el derecho a la vida porque las autoridades no cumplieron con su obligación de investigar efectivamente la muerte de Hernández, que sigue en la impunidad. 

Al respecto, la presidenta actual de Honduras, Xiomara Castro, declaró que el Estado hondureño llevaría a cabo la setenta dictada por la Corte, como reparar las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe; adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción; disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de los familiares de Vicky Hernández; entre otras más. 

La Red Lésbica Cattrachas consdieró que Honduras es un país “hostil” y “peligroso” para las personas LGBTI, en particular para las mujeres trans,  porque el gobierno no ha hecho lo suficiente para atacar las violencias que afectan a esta comunidad. De 2009 a 2021, registró 399 muertes violentas de población LGBTIQ. 

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